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El PP lleva meses denunciando el «deterioro de la calidad legislativa» que a su juicio se viene produciendo con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de abusar de la vía del decreto-ley y de las proposiciones de ley para eludir los controles ... de los órganos consultivos del Estado y limitar el margen de maniobra de la oposición. «Tiene que legislar el legislador y no el Ejecutivo», critican en la dirección del grupo parlamentario popular, que no descartan elevar su queja ante el Tribunal Constitucional.
En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha sometido al Congreso un total de 135 reales decretos. Muchas de estas convalidaciones son aprobadas por la Cámara previa condición de ser tramitadas a continuación como proyecto de ley con el objetivo de que los grupos puedan introducir las enmiendas oportunas. Sin embargo, a la hora de ponerla en práctica, PSOE y Unidas Podemos utilizan su mayoría en la Mesa del Congreso para paralizarla a fuerza de eternizar semana tras semana el plazo de presentación de enmiendas. Actualmente 35 de estos proyectos se encuentran en ese limbo. «La herramientan de la ampliación del plazo de enmiendas sirve para ordenar el trabajo parlamentario no para paralizarlo», censuran los populares.
La mala práctica con la que el Gobierno está desplazando la función legislativa del Congreso al Ejecutivo no se limitaría, arguyen desde el PP, al abuso del decreto-ley sino también a la generalización de la técnica ómnibus –con la que el Gobierno mezcla temas que no tienen nada que ver en una misma norma– y al uso excesivo de los proyectos de ley –eludiendo recabar los informes preceptivos del CGPJ o del Consejo de Estado–.
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Según sus cuentas, por esta última vía el PSOE y Unidas Podemos han impulsado hasta nueve proposiciones de ley como ha sido el caso de la Ley de Eutanasia; de la derogación del artículo 315 del Código Penal; de las dos proposiciones de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o para establecer impuestos extraordinarios a las energéticas y a la banca.Y todas ellas por el procedemiento de urgencia acortando los plazos parlamentarios a la mitad, limitando con ello el margen de maniobra de los grupos, y hurtando a la ciudadanía de «un debate necesario».
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