El 155 y la acción de la justicia hunden en el desconcierto al frente independentista

Lo que fue un día histórico para el movimiento soberanista empezó a nublarse aquella misma noche, cuando Carles Puigdemont se negó a salir al balcón del Palau de la Generalitat y no quiso arriar la bandera española de la sede del gobierno catalán. La desbandada general a la que dio paso la proclamación de la república, después de que el Gobierno central aplicara el artículo 155 y convocara elecciones, acabó por desconcertar a una parte del secesionismo, que se preparaba para resistir el embate del Estado, como lo había hecho el 1 de octubre.

«Somos completamente conscientes de las incertidumbres y los temores y entendemos la desorientación causada por nuestra falta de respuestas rápidas», según reconoció Puigdemont el jueves. «Seguimos fuertes y en pie», remarcó. Sin embargo, la convocatoria de elecciones, la aplicación del 155 y la acción de la justicia han acabado por descolocar al independentismo, que ve que cada uno de sus dirigentes va más o menos libre. Lo que ha supuesto la puntilla ha sido la estrategia judicial de los miembros de la mesa de la Cámara catalana, con su presidenta Carme Forcadell, a la cabeza. La misma que afirmaba semanas atrás que no daría ni un paso atrás y que cuando fuera inhabilitada volvería a su despacho a seguir ejerciendo como presidenta del Parlamento catalán, sorprendió el jueves cuando acató el 155 y reconoció que la declaración de independencia fue un gesto más bien simbólico. Unas palabras desconcertantes para el movimiento secesionista, que de buena fe ha creído todos estos años que tras la DUI habría reconocimiento internacional y toma del control del territorio desde el minuto uno.

Nada de eso ha pasado y los líderes del proceso están empezando a reconocerlo. Igual que Mas rebajó ante el juez toda la carga del 9-N, ahora Forcadell se escudará en que la declaración de independencia no se votó ni se publicó en ningún diario oficial, solo se leyó, y que lo que se votó, en secreto, fue una parte de la resolución. Está por ver si la estrategia de Forcadell es jurídica, para eludir la prisión, si se trata de una marcha atrás en toda regla o si es lo que el secesionismo lleva días diciendo de dar un paso atrás táctico, para coger fuerza y luego dar dos o tres adelante tras el 21-D.

Pero sí ha sorprendido que la expresidenta de la ANC y los miembros de la mesa se hayan desmarcado de la línea seguida por los que aún afirman ser el «gobierno legítimo de Cataluña», que hace una semana evitaron responder al fiscal durante su interrogatorio. Tampoco se ha explicado a qué estrategia –si la hay– obedece que una parte del ejecutivo esté en Bruselas y la otra parte decidiera permanecer en Barcelona, antes de que sus miembros fueran encarcelados tras prestar declaración ante la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional.

De alguna manera, por la vía de los hechos, el secesionismo en su conjunto ha asumido desde el primer momento la aplicación del 155. Podrán decir que es una aberración jurídica, un golpe de Estado o que equipara a España con Turquía pero la mayoría de las formaciones –salvo la CUP, que lo decidirá mañana– se han apuntado a la convocatoria electoral casi sin rechistar.

Los mismos (ERC) que le reprocharon a Carles Puigdemont sus «155 monedas de plata» por querer convocar elecciones, lo que al final no hizo porque le pudo la presión, fueron casi los primeros en anunciar su intención de presentarse a los comicios convocados por Rajoy y son los que más obstáculos están poniendo para que el soberanismo vaya unido, lo que es tanto como asumir que serán unas nuevas elecciones autonómicas.

El desencuentro, en cualquier caso, no se ha producido solo entre socios, ahora convertidos en adversarios, sino también en las propias filas internas de cada formación. Santi Vila ha pasado a la categoría de «traidor» de la causa para sus más acérrimos enemigos de la CUP, para sus excompañeros de gobierno, que vieron que salió en libertad al día de ser encarcelado, y para sus propios compañeros de partido por su decisión de bajarse del barco.

«La convocatoria de elecciones puede representar un salto adelante en el proceso de la proclamación de la república», afirmaron ayer fuentes independentistas, si hay una mayoría absoluta de votos y escaños a favor de la secesión, pero también puede ser un paso atrás, reconocieron, si los partidos del ámbito soberanista «caen en el error» de pensar que estamos ante unas nuevas elecciones autonómicas.