Los abusos que han puesto en jaque a Yolanda Díaz

Los entrecomillados forman parte de los hechos que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Valencia dan por probados cuando condenan al educador por primera vez en 2019 -el juicio se repite para incorporar pruebas que, supuestamente, podían exculpar al imputado- y vuelven a hacerlo en 2021. Cuatro años antes, cuando la adolescente refiere los abusos por primera vez, no media denuncia y ni el centro que la acoge ni el departamento de Igualdad intervienen. Transcurren cuatro meses hasta que dos policías escuchan a la menor durante un traslado y dan curso oficial a su testimonio. Para entonces, la víctima ya sabe que «Luis» es familiar de un cargo de la consejería.

La sentencia de la Audiencia que impone cinco años de prisión al exmarido de Oltra, ratificada por el Tribunal Superior valenciano y recurrida ahora ante el Supremo, reprocha a los responsables gubernativos que levantaran «una peculiar instrucción paralela» cuyo objetivo pasaba por desacreditar a la víctima presentándola como una mentirosa con intereses sesgados -salir del centro de acogida- y por tratar de exonerar a la Administración. Un eventual encubrimiento del abusador que desde este jueves enfila hacia el banquillo a la vicepresidenta de la Generalitat, curtida en la Abogacía, activista antes de asomarse a la política, abanderada del feminismo combativo e implacable contra la corrupción del PP, al que zahirió en su día luciendo unas reivindicativas camisetas que la auparon al candelero público.

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Oltra ha intentado recomponer su figura, dañada en lo político y cabe suponer que socavada en lo más íntimo, aseverando en sede parlamentaria que «a nadie en el hemiciclo» le «repugnan» más los hechos encausados que a ella misma. El código disciplinario de su partido, Iniciativa del Poble Valencià, prevé que la dirección exija la renuncia a los cargos bajo una imputación judicial que considere «fundamentada». El manual de conducta de Compromís es más evanescente.