Abren juicio a Jaume Matas por el caso Son Espases

Matas será juzgado por la Audiencia de Palma acusado de dos delitos de inducción a la prevaricación o uno continuado de prevaricación, así como de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y dos delitos de tráfico de influencias, según recoge la jueza en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

En el auto, la jueza ha fijado además una fianza solidaria de 29.500 euros para los cuatro acusados y la empresa Global PM, que deberán constituir en un plazo de 24 horas, como medida cautelar para asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que pudieran ser eventualmente condenados, o el juzgado procederá a embargarles.

El caso Son Espases gira en torno al presunto amaño por parte del Govern de Jaume Matas del concurso de adjudicación del hospital de referencia de Baleares, la mayor obra pública de las islas, licitada en 2006 por 778,4 millones de euros.

La Fiscalía pide para Matas condenas que suman 4 años y 6 meses por esta causa y 16 años de inhabilitación. Para Castillo solicita 15 meses de prisión e inhabilitación por 12 años; para Bertrán 3 años de prisión y 8 de inhabilitación y para Peinado 2 años de cárcel y 8 de inhabilitación. Para todos reclama además distintas multas.

La Abogacía de la Comunidad de Baleares, que ejerce la acusación particular, pide una condena de 2 años y 10 meses de prisión para Matas; de 2 años y 1 mes para Castillo (apreciando la atenuante de confesión), y de 2 años y 10 meses para Bertrán, y para Peinado reclama 1 año y 6 meses por fraude a la administración.

MÉS per Mallorca, personado también como acusación, pide 4 años para Matas, Castillo y Bertrán, y 3 para Peinado.

Los hechos están relacionados con el procedimiento para adjudicar la construcción, explotación y conservación del hospital y también a un contrato con la consultora Global PM para analizar las propuestas técnicas y económicas que se presentaron al concurso de la infraestructura sanitaria.

Según las acusaciones, la manipulación del concurso la ordenó Matas a Castillo y la ejecutó Bertrán para beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL.

Después de que se publicara en "El Mundo" que la adjudicación sería probablemente para la UTE de OHL, el Consell Consultiu recomendó solicitar informes a los colegios profesionales de Ingenieros de Caminos y Economistas.

Si bien al UTE encabezada por OHL obtuvo la mayor puntuación en el informe de Global PM, tras los informes de los colegios profesionales, la adjudicataria fue finalmente la agrupación empresarial liderada por Dragados, en diciembre de 2006.

La exconsellera Aina Castillo, que está acusada de los mismos delitos que Matas, a excepción de uno de tráfico de influencias, confesó durante la investigación judicial que en 2006 el entonces presidente autonómico y líder del PP balear le dio instrucciones para que la oferta liderada por OHL ganara el concurso público, orden que se frustró y la adjudicación recayó en Dragados.

Bertrán está acusado como autor de un delito de prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencias. Peinado será juzgado como cooperador de prevaricación, fraude y malversación.