El abogado del hermano de Pedro Sánchez pide la nulidad de los correos incautados por la UCO

En ese recurso firmado por el letrado Emilio Cortés Bechiarelli se solicita la nulidad de esa actuación por «falta de motivación». En concreto, el abogado expone que la solicitud realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para intervenir esos nueve correos se basa en sospechas sin fundamento que solo tienen respaldo en los recortes de prensa que presentó el sindicato Manos Limpias cuando formalizó la querella.

«Es notorio que estas aprehensiones judicialmente toleradas afectan a hechos extraños por completo a la querella formulada. O, lo que es lo mismo, la Policía Judicial, sin aval alguno, es la que inaugura esa línea indagatoria amparándose para eso no en un dato concreto –que Manos Limpias jamás aportó–, sino en argumentos tan abstractos y despegados del caso concreto como «la experiencia en causas similares y la propia lógica de la consecución de los hechos». De hacer fortuna esta clase de motivaciones sustantivamente vacías, la Policía Judicial actuante en cada caso gozará de un cheque en blanco», advierte Cortés Bechiarelli.

Recuerda el abogado de David Sánchez Pérez-Castejón que ninguno de los candidatos que se presentaron a la plaza que se le adjudicó a su cliente en 2017 presentaron reclamación alguna cuando conocieron el resultado del proceso de selección, «pese a lo cual ahora, muchos años más tarde, parece que se busca revisar todo cuanto rodea el expediente administrativo».

Insiste Emilio Cortés en que los juzgados no pueden autorizar «medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva», por lo que rechaza la incautación de los correos electrónicos de esas nueve personas durante un período que abarca 84 meses (desde 2016 a 2022).

«La interceptación de los correos en esas condiciones lesiona los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva», concluye el abogado en un recurso de reforma al que ahora debe dar respuesta el juzgado instructor.