La justicia europea da aire a Puigdemont de camino al 12-M y la aprobación de la amnistía

El representante del TJUE ha pedido así la anulación de la sentencia previa dictada por el Tribunal General (TGUE) sobre el rechazo del entonces presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, a reconocer a ambos dirigentes independentistas su condición de eurodiputados y no permitirles sentarse en el Legislativo comunitario. Szpunar -el mismo letrado que se pronunció en el caso de Oriol Junqueras- concluye, por tanto, que el italiano Tajani debió permitir el acceso de Puigdemont y Comín a sus escaños como electos de la institución.

El abogado general sostiene que el presidente de la Eurocámara hace un lustro «puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados» y que «optó por dar curso a las posteriores notificaciones de las autoridades españolas, que no reflejaban de forma fiel y completa estos resultados». Apunta que Tajani «dio efectos a la suspensión de las prerrogativas» con que contaban Puigdemont y Comín, lo que «viola el Derecho de la Unión». «Ningún precepto de este Derecho autoriza a un Estado miembro a suspender las prerrogativas de los miembros del Parlamento Europeo», redondea.

En un contexto en el que ha inoculado su protagonismo a la contienda electoral adelantada en Cataluña y en puertas -se prevé para la segunda quincena de mayo- de que entre en vigor la ley que exculpará las causas de la intentona separatista de 2017, el expresidente catalán celebró el informe del Abogado General, que no son vinculantes pero que sí suelen decantar en la mayoría de las ocasiones las resoluciones de la corte con sede en Luxemburgo.

Puigdemont, que volvio a presentarse junto a Comín como la víctima de una persecución por sus «ideas políticas» y no por haber incumplido la legalidad constitucional, dio por hecho que «alguien tendrá que dar explicaciones por violar derechos fundamentales de los electores europeos, haciendo un uso partidista de las instituciones de la Unión como es el Parlament», si se confirma lo apuntado ayer por Szpunar. Y remachó con que el pronunciamiento de este último «demuestra que no es necesario jurar la Constitución para ser eurodiputado».

El alborozo de Puigdemont contrastó con el laconismo de la reacción del Gobierno, la ironía del jefe de la oposición y el silencio de sus rivales en la liza electoral catalana. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, manifestó su respeto por toda decisión judicial constatando que esta, en concreto, «no va a tener efectos prácticos, porque ya se le ha reconocido (al expresident) su condición de eurodiputado». Por su parte, Alberto Núñez Feijóo felicitó al líder de Junts por un pronunciamiento que le beneficia, pero para confiar, con retranca, en que también asuma aquellas decisiones que le son desfavorables y «no insulte» a los jueces por ellas.

El pleito se remonta a 2017, cuando el instructor del Supremo, Pablo Llarena, emitió sendas euroórdenes contra los fugados Puigdemont y Comín. Dos años después, ambos fueron elegidos para el Parlamento Europeo en representación de Junts per Catalunya, con una candidatura que recibió más de un millón de votos. Sin embargo, al tener suspendidos sus derechos como eurodiputados, Puigdemont y Comín no pudieron viajar a España para jurar la Constitución, algo que exige la legislación española. El 17 de junio de 2019, la Junta Electoral Central notificó a la Eurocámara la lista de electos nacionales, donde no figuraban los dos dirigentes secdesionistas por no haber cumplido con ese trámite. Por ello, la JEC declaró vacantes sus escaños y suspendidas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo.

En enero de 2020, el nuevo presidente de la Eurocámara, el también italiano David Sassoli, permitió al expresident, a Comín y a la exconsellera Clara Ponsatí ocupar sus escaños, al tomar nota de la sentencia dictada por el TJUE en el caso de Junqueras. En de 2022, el Tribunal General de la UE declaró que la decisión de Tajani «no era recurrible». Los afectados elevaron entonces un recurso de casación que será sobre el que deberá dictaminar finalmente el TJUE, en un veredicto que será ya definitivo.