m. e. a.
Madrid
Lunes, 9 de septiembre 2019, 16:30
«Un trabajo escolar». Así califica la Abogacía del Estado el informe de los peritos contratados por la familia Franco sobre la inhumación del dictador en la cripta de la catedral de la Almudena, donde posee una sepultura.
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En su escrito de conclusiones, que presentó ... el pasado 2 de septiembre ante el Tribunal Supremo, los servicios jurídicos del Estado arremeten contra la «falta de rigor» del informe encargado por los nietos de Francisco Franco para contrarrestar el que presentó previamente el delegado del Gobierno en Madrid, que desaconsejaba enterrar al dictador en pleno centro de la capital por los problemas de seguridad que podría implicar. El Ejecutivo propuso entonces trasladar sus restos a Mingorrubio, donde reposan los de su esposa Carmen Polo.
En su informe, los Franco sostenían que el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, a 16 kilómetros de Madrid, es más peligroso que la Almudena y que el riesgo de profanación y de actos vandálicos es mayor porque «siempre sería una pareja» de agentes la que tendría que frenar el ataque y «el tiempo de reacción» sería mayor.
Una teoría que desmonta la Abogacía, que respalda tanto el proceso legal seguido por el Ejecutivo socialista como la decisión de llevar los restos del dictador hasta este campo santo. Según argumenta, no existen tales problemas de seguridad dado que el emplazamiento está alejado del centro de la capital y, al ser un panteón privado, garantiza el derecho a la intimidad de la familia.
El abogado del Estado defiende además la «terminología trasnochada» utilizada por los tres peritos contratados por los nietos del dictador, que obtienen datos «de búsquedas de internet», que no usan «fuentes de información especializadas en seguridad» y cuya matriz de riesgos «es más un trabajo escolar que un trabajo pericial riguroso».
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La exhumación de Franco fue una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tras desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa en junio de 2018. Tres meses después, el Congreso convalidó el real decreto ley del Ejecutivo socialista para iniciar los trámites, con la abstención del PP y Ciudadanos. La disconformidad de la familia dio inicio a un largo proceso judicial que culminó el pasado 4 de junio con la orden del Tribunal Supremo de paralizar de forma cautelar la extracción del dictador del Valle de los Caídos hasta que dicte sentencia.
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