El abogado del Estado se inhibe sobre los avales a los líderes soberanistas

En un escrito hecho público este miércoles, García Monteys arguye una posible incompatibilidad entre la función consultiva que le reclama el Tribunal de Cuentas al pedirle el informe y la función que como parte del procedimiento corresponde a este departamento. «La posición como parte en el procedimiento que da lugar a la solicitud del informe podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva», razona.

Más aún, prosigue en su consulta, cuando ha realizado trámites en los que ha promovido la actuación del organismo fiscalizador para investigar la existencia de posibles responsabilidades contables. El abogado del Estado se refiere así a la causa por la que se solicitan los 5,4 millones de fianza a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la internacionalización del proyecto secesionista entre 2011 y 2017, a cargo de los Presupuestos públicos.

García Monteys advierte además de que si emite finalmente el informe solicitado por el Tribunal de Cuentas podría condicionar el resto de la actuación de la Abogacía del Estado, y también a la propia tramitación de las actuaciones previas, al poder dar lugar «a un supuesto de nulidad de actuaciones si se llegase a considerar que el informe emitido habría alterado el equilibrio entre las distintas partes intervinientes».

Para evitar que los encausados por el 'procés' afrontaran con sus propiedades el aval de la fianza, el Ejecutivo de Pere Aragonès creó un fondo de diez millones de euros. Pero como no encontró ninguna entidad financiera que quisiera participar en el trámite a través de un aval recurrió al ICF, una entidad pública, que se dedica a facilitar créditos a las empresas.

Una decisión que Ciudadanos ha llevado ante los tribunales al considerar que se trata de «un fraude de ley». La formación de Inés Arrimadas señala que es «imposible» que una administración pueda avalar el daño que se le ha cometido a la misma administración que lo avala. «Entonces, que la Abogacía mire para otro lado en este sentido, no sabemos si por imperativo de las instrucciones del Gobierno», aseveró este jueves el vicesecretario general, Edmundo Bal.

Para el liberal, que es abogado del Estado en excedencia, esas dudas en los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia apuntan a «una argucia del Gobierno para no molestar mucho a sus socios separatistas».

En la misma línea, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, acusó al propio presidente Pedro Sánchez, de poner las instituciones «a su servicio». Una «tremenda irresponsabilidad», en su opinión.