La Abogacía pregunta si Junqueras pagó los gastos del 1-O para su indulto

Según se ha conocido este lunes, los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia quieren conocer los procedimientos de responsabilidad contable que, en relación a las personas condenadas por malversación de caudales públicos, están en tramitación con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O. En suma, la jefa del departamento de penal de la Abogacía, Rosa Seoane, quiere acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de los 4,1 millones de euros reclamados.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tramita un procedimiento sobre la actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable con motivo de los gastos ocasionados en la consulta. Para la Abogacía, es «imprescindible» conocer si los condenados han devuelto las cantidades malversadas para poder elaborar su informe sobre la conveniencia o no de otorgarles los indultos.

En la sentencia del 'procés', los magistrados del Supremo ya adelantaron que sería el Tribunal de Cuentas el encargado de dirimir y reclamar la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido los cuatro condenados que lo fueron por malversación de fondos públicos: el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

De hecho,en febrero de 2020 la Sala presidida por Manuel Marchena puso a disposición del órgano fiscalizador los más de 2,1 millones consignados en su día por los entonces investigados para cubrir la responsabilidad contable que se derivase de la sentencia. En su día, la delegada instructora calculó que la cantidad que presuntamente fue desviada para organizar el 1-O fue de 4.146.000 euros.

El informe de la Abogacía está pendiente desde el pasado 26 de enero, cuando le fue reclamado por la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal. El tribunal, tras recabar la información penitenciaria respecto de los 12 condenados, nueve de ellos en prisión, cuenta ya con el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.

Tras analizar los argumentos de las partes la propia Sala emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de la medida de gracia solicitada. Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sànchez; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.