La Abogacía del Estado, árbitro de la investidura a su pesar

El cuerpo de abogados del Estado, creado en marzo de 1881, es lo más parecido a un gran bufete de la administración central que depende del Ministerio de Justicia, que cuenta con despachos en todas las provincias y representantes en casi todas las instituciones públicas. Son un cuerpo de élite al que muchos aspiran y pocos llegan, se trata de la flor y nata de los profesionales del Derecho. No son jueces ni fiscales, son eso, los abogados que prestan asistencia jurídica al Estado y al que representan en lo contencioso. Y son buenos. Según datos de la memoria del cuerpo, cada año se enfrentan a unos 150.000 casos, y ganan más del 80%.

Son algo más de 600 profesionales del Derecho, aunque solo la mitad ejerce al servicio de la Administración. El resto disfruta de una excedencia o tiene la jornada partida con algún despacho de relumbrón, una compatibilidad tasada pero con algún agujero que otro. Se puede decir que son de los funcionarios mejor pagados, sus ingresos se sitúan en los 80.000 euros anuales nada más acceder al cuerpo y en pocos años llegan a los 100.000. Pero toda cara tiene su cruz. Los incentivos profesionales son escasos porque ingresan en los niveles más altos de la carrera y por tanto el margen de ascenso es limitado. Una circunstancia que redunda en unas expectativas salariales limitadas.

Una combinación que empuja a muchos letrados al sector privado, «al lado oscuro», comentan en su jerga coloquial, donde sus servicios están mucho mejor pagados (triple, cuádruple y hay casos de quíntuple remuneración). No en vano son portadores de algunos de los secretos mejor guardados de la administración, algo que ya ha provocado más de un conflicto. Tampoco es extraño el fichaje por la política, donde no se cobra más, pero las posibilidades profesionales son imbatibles. Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal son los últimos y más conocidos exponentes de estas puertas giratorias.

Los servicios jurídicos de la Administración han adquirido notoriedad en la medida en que han ideo aparejados a la evolución penal del proceso independentista de Cataluña. La anterior abogada del Estado, Marta Silva de Lapuerta, presentó los recursos de inconstitucionalidad contra la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, la que promovió Artur Mas, y firmó el escrito contra la resolución independentista del Parlamento de Cataluña del 11 de noviembre de 2015. Su sucesor, Eugenio López Álvarez, hizo lo propio con las llamadas leyes de desconexión de España, aprobadas por el Parlamento catalán en septiembre de 2017, y contra el referéndum ilegal de octubre del mismo año.

Pero lo que colocó a la Abogacía del Estado en el centro del debate fue la negativa de la actual abogada general, Consuelo Castro, a aceptar la tipificación de rebelión para los acusados en la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo. En una casa donde reina el trabajo callado, la jerarquía se respeta a pies juntillas y no hay, o no trascienden, las disputas, aquello fue un guirigay sin ningún tipo de sordina. Edmundo Bal, a la sazón responsable del área de penal del cuerpo y hoy diputado de Ciudadanos, redactó a lo largo de 2018 hasta tres escritos de acusación con la imputación de ese delito a los acusados. Pero Castro, más en sintonía con el parecer de sus superiores gubernamentales, limitó el alcance de las conductas delictivas a la sedición.

Bal dimitió, la letrada en el juicio fue Rosa María de Seoane y el Supremo dio la razón a la Abogacía.