Ábalos pide amparo al Congreso «por haberse violentado» su condición de diputado en el 'caso Koldo'

El documento defendido por Ábalos, al que ha tenido acceso este periódico, considera que está siendo objeto de una «operación» para desprestigiarle e incriminarle mediante la filtración de informes de la UCO de la Guardia Civil desde febrero de 2024, cuando estalla el caso por el presunto cobro de comisiones por la concesión de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.

Detalla el parlamentario que todas las filtraciones se han producido «bajo el sello de la confiabilidad y credibilidad de las fuentes de la UCO, como si sus manifestaciones no admitieran contradicción, han ido siempre en la misma dirección y han tenido un carácter prospectivo» en lo referente a su persona. El objetivo, añade, es «ir construyendo un relato interesado» y difundirlo de forma «malintencionada» con la «sola voluntad» de su «desprestigio, deshumanización e incriminación» en el 'caso Koldo'.

Una estrategia seguida contra «otros altos cargos» del PSOE y el que fuera su asesor en Transportes, Koldo García, y achaca toda esta situación al «empeño de la derecha y la ultraderecha en su conjunto» de deslegitimar al Gobierno progresista «porque entienden que el poder les pertenece». «Eso explica lo sucio e irregular de esta operación», remacha.

En su escrito, Ábalos menciona también otros «casos parecidos» que, a su juicio, buscan desprestigiar a formaciones de izquierdas como «el espionaje a diputados de Podemos y Sumar». «Probablemente sea una vez más otra afrenta al Congreso y al parlamentarismo democrático porque al fin y al cabo se trata de subvertir la voluntad expresada por el pueblo en las urnas», argumenta el ahora diputado del Grupo Mixto.

«Ni la impunidad, ni la persecución mediática, judicial y policial pueden ser señas de identidad de nuestra democracia, y un estado de derecho pleno y la tutela judicial efectiva deben también amparar y garantizar nuestros derechos políticos», abunda quien fuera número tres del PSOE, partido que mantiene suspendida su militancia desde finales de febrero pasado.

En su escrito, Ábalos relata una serie de episodios para reforzar sus argumentos ante la Comisión del Estatuto del Diputado que decidirá sobre el suplicatorio antes de elevarlo a votación al Pleno de la Cámara baja. Asegura que la investigación de la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción tenía desde el comienzo el «propósito claro» de imputarle.

Para ello, expone -pese a que el juez del Supremo que le investiga, Leopoldo Puente, lo ha descartado en un auto reciente- que fue perseguido «sin amparo judicial» por la UCO. Fue en un operativo policial cuando la causa estaba bajo secreto, el 4 de noviembre de 2023, que estuvo destinado a interceptar una documentación que le remitió el entonces subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez, investigado en la causa que también se sigue en la Audiencia Nacional sobre estos hechos.

Los agentes se aprovecharon para ello de las llamadas intervenidas a Koldo García, procedieron a la identificación del sobre tras detener el vehículo que conducía el hermano del anterior, lo abrieron y lo fotografiaron antes de que llegara a manos de Ábalos en su casa de Valencia. Cuando éste abandonó su domicilio, los agentes de la UCO sacaron documento gráfico del momento y tomaron nota de la matrícula de su vehículo, según consta en el sumario del caso. «No solo hablamos de un delito de interceptación de correspondencia, si no que esta vigilancia sobre mi persona se agrava porque afecta a mi condición de diputado electo», denuncia.

Otro capítulo expuesto por Ábalos se refiere al uso de investigaciones contenidas en otros procedimientos para llegar a Koldo García. En concreto, menciona una información adelantada por este periódico en la que se dice que un capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, utilizó los datos remitidos por un confidente en una causa de hidrocarburos y estuvo recopilando indicios entre abril de 2021 y marzo de 2022.

Bonilla trabajaba entonces en la unidad adscrita a Anticorrupción, coincidiendo con la presentación de la denuncia inicial del PP de Madrid ante la Fiscalía sobre los contratos de mascarillas de Transportes. El que fuera también jefe de Fuentes Humanas (control de confidentes) de la UCO abandonó su cargo en primavera de 2023, en plena investigación del 'caso Koldo', y fichó en octubre siguiente por la Comunidad de Madrid como jefe de seguridad del Servicio de Salud, cargo que sigue desempeñando en la actualidad.