Marlaska garantiza política de mano dura contra la inmigración violenta

Grande-Marlaska se presentó en la Comisión de Interior con un orgullo indisimulado por los dos recientes golpes de efecto de su departamento contra la inmigración irregular más violenta y que han acallado las voces que le acusaban de inacción frente a la llegada creciente de 'sin papeles', la repatriación a Marruecos la pasada semana de 116 de los 119 que había asaltado el perímetro de Ceuta hiriendo a seis agentes y la detención de los diez supuestos cabecillas del ataque masivo al vallado de esa misma ciudad autónoma, en la que fue la entrada masiva más agresiva y numerosa (602 irregulares llegaron a territorio nacional) y en la que resultaron heridos 22 guardias civiles por el lanzamiento de cal viva, ácido de batería de coches, además usar sprays a modo de lanzallamas y lanzar piedras, heces y orines a los funcionarios. Según confirmó Marlaska, en estos intentos los inmigrantes también llegaron a exhibir cócteles molotov, que no llegaron a utilizar. Precisamente este miércoles, el juez mandó a la cárcel a los dos cabecillas de este asalto e imputó a otros siete inmigrantes por los ataques a los agentes.

«No vamos a permitir la migración violenta que atenta contra nuestro país y contra las fuerzas de seguridad», garantizó el ministro del Interior ante el Parlamento. «Por primera vez, estamos en una política migratoria con dos ejes, respeto a los derechos humanos y seguridad», apuntó. «Solidaridad y humanidad, pero también seguridad», resumió el ministro.

Lo que no pudo prometer Grande-Marlaska en sede parlamentaria es que Marruecos, socio imprescindible para poder seguir adelante con esta política de mano dura contra los inmigrantes violentos, siga aceptando a los irregulares que violan el perímetro en virtud del acuerdo de 1992 y que Rabat casi siempre se ha negado a implementar.

«La aplicación del convenio no ha sido por lo general aceptada por Marruecos», reconoció el titular de Interior. «En esta ocasión, hemos querido, desde Marruecos y desde España, enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales que trafican con personas: la migración ordenada, segura y legal es posible», apuntó.

Quizás sabedor de que la posición de país vecino es indispensable para esta nueva política de extranjería, el ministro se deshizo en halagos. «Marruecos es un país muy serio». «No ha habido ningún pago ni ha habido nada», afirmó, al tiempo que recordaba a las autoridades de Rabat que el cumplimiento del acuerdo que en su día firmó el ministro socialista José Luis Corcuera «no es un favor», sino una obligación.

Grande-Marlaska también tuvo ocasión de quejarse de la situación heredada del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Habló de lo que el «anterior Gobierno no hizo», de la «sequía» en la cooperación con los países africanos para controlar los flujos y, sobre todo, de su supuesta inacción frente a una «situación extraordinaria» de llegadas de irregulares, pero que era «previsible».

Lo argumentó con datos. El número de inmigrantes que han llegado a España de manera irregular por vía marítima hasta el pasado 24 de agosto es de 26.607, un 178,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Un aumento «idéntico» al que se había producido en 2017 con respecto a 2016 y contra el que no se pusieron en marcha medidas a pesar de que, señaló el ministro, era ya evidente que las vías de entrada del Mediterráneo oriental y central habían disminuido a favor de la occidental.