Investigan al presidente de La Razón por conseguir ayudas fraudulentas de Industria

En el centro de la operación, en la que están previstas ocho detenciones y dieciocho registros, está la empresa de servicios de telefonía, videojuegos e informática Zed World Wide, participada por Planeta y dirigida por la familia Pérez Dolset. De hecho, una de las 19 personas investigadas en esta causa es el directivo de ese grupo y presidente de La Razón, Mauricio Casals, quien ya estuvo imputado en la operación Lezo por supuestas presiones a Cristina Cifuentes aunque no se encuentra entre los detenidos.

Según fuentes del caso, Casals, tanto ante los gobiernos socialistas como populares, habría presionado para que Industria y otros departamentos concedieron créditos blandos a Zed para I+D. Un dinero que los responsables de la tecnológica, en situación económica muy delicada, habrían desviado a otras empresas a través de operaciones ilegales. Por esas prácticas, Anticorrupción acusa a una veintena de personas de fraude en las subvenciones, insolvencia punible, falsedad documental y tráfico de influencias. La UDEF, que ya ha comenzado a realizar registros en organismos oficiales, tiene previsto realizar una decena de detenciones.

En el marco de esta operación Hanta, iniciada tras una querella presentada esta misma semana, ya ha sido arrestado el máximo dirigente de Zed hasta el pasado abril, Javier Pérez Dolset, así como su hermano Ignacio.

La UDEF tiene programadas una veintena de registros en diferentes municipios de Madrid, Valencia y Barcelona. El juez también ha autorizado requerimientos y allanamientos en organismos públicos. Los agentes también investigan acuerdos de publicidad y colaboración con el diario La Razón (comisiones por intermediación por las que habría recibido dos millones de euros) y la intervención personal de Casals para obstaculizar supuestamente la fiscalización de las ayudas, al margen de presionar para conseguir esas subvenciones fraudulentas.

La empresa se declaró en concurso de acreedores hace un año con un pasivo de unos 200 millones de euros después de haber llegado a tener unos ingresos consolidados de 388 millones de euros en 2013. Los investigadores no descartan que parte de esta quiebra haya sido provocada.

Según La Razón, ni la empresa y su presidente han participado en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones ni directa ni indirectamente y ambos están dispuestos a colaborar con la justicia.