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María Eugenia Alonso
Jueves, 29 de junio 2017, 13:41
El Congreso ha admitido a trámite este jueves una proposición de ley que pretende modificar el Código Penal para que los jueces puedan disolver o suspender a formaciones políticas condenadas por financiación ilegal, de forma que la responsabilidad penal no recaiga solo en personas físicas ... sino en los propios partidos que promuevan o se beneficien de ello. La iniciativa, impulsada por Compromís, ha contado con los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Nueva Coliación y Coalición Canaria. En total, 192 votos a favor frente a los 145 abstenciones del PP, Foro, UPN, PNV, Bildu y PDeCAT y dos diputados que han votado en contra.
La reforma pretende añadir un nuevo punto al artículo 304 del Código Penal y cubrir la laguna legal existente en la actualidad. «No sufran ustedes del PP porque no les afecta, ya que el Código Penal no se aplica con carácter retroactivo», arguyó el pasado martes el diputado de la formación valenciana Enric Bataller, durante el debate de la proposición de ley en el pleno del Congreso.
Una proposición que plantea la suspensión de actividad de hasta cinco años para aquellas formaciones que sean condenadas por financiación ilegal y la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas durante un plazo máximo de quince años.
La reforma del Código Penal entrará ahora en trámite de enmiendas en comisión y tendrá que volver al pleno para su ratificación final.
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