Cifuentes tendrá que explicar por qué se paga la defensa a investigados en ‘Lezo’

La oposición en la Asamblea de Madrid, formada por el PSOE y por Podemos, preparan una ofensiva parlamentaria tras conocer la información y tratarán de que el Consejo de Gobierno responda por el uso por parte de estos exdirectivos de un seguro de responsabilidad civil para pagar los honorarios de sus abogado particulares.

La diputada socialista Mercedes Gallizo ya ha registrado una pregunta en la Mesa de la Asamblea. Quiere conocer si el Canal ha asumido la asesoría jurídica de «algunas personas investigadas en la operación Lezo». Por su parte, el grupo de Podemos estudia registrar otra cuestión sobre este asunto para el pleno del 22 de junio y recuerda que en marzo de 2016 ya interpeló a Cifuentes sobre un caso parecido.

En concreto, si la empresa pública abonó a través de una póliza privada la defensa legal de Gerardo Díaz, un exdirectivo de una filial del Canal detenido e investigado por un delito de prevaricación en la denominada operación Tosca, una presunta red corrupta dedicada al amaño de contratos en Melilla a cambio de comisiones por parte de empresarios.

Según el diario de sesiones, la diputada de Podemos Lorena Ruiz-Huerta preguntó al consejero de Presidencia Ángel Garrido por este «escandaloso» asunto, ya que «se paga con el dinero de todos», y éste respondió que el investigado es funcionario desde 1986 y que su Gobierno «no decidió costear la defensa». Dicho de otro modo, que se trata de una potestad legal impuesta que le viene dada a los trabajadores de la admnistración. En cualquier caso, días después se ordenó desde el Gobierno regional que se retirará el pago de la defensa al exdirectivo del Canal de Isabel II.

Dicho seguro, del que también se han aprovechado los investigados en el caso Lezo, funciona desde 1995 (se renueva de forma periódica por concurso público) y cubre a todos los funcionarios y altos cargos por actos en el ejercicio de sus funciones, según regula la ley 3/1999. No obstante, fuentes del Canal señalaron que la póliza no incluye el depósito de fianzas civiles (se trata del adelanto de una cuantía para hacer frente a una posible condena bajo apercibimiento de embargo de bienes) y recordaron que si los investigados fueran declarados culpables tendrían que devolver al seguro el coste de todos los honorarios generados por sus abogados.

El último concurso de la Comunidad de Madrid para externalizar este servicio fue adjudicado en 2016 a la sociedad AON Gil y Carvajal por casi 6,4 millones de euros y su periodo de duración es de dos años, según el contrato al que ha podido acceder este periódico. Según fuentes sindicales, la razón por la cual la Abogacía General de la región no puede ofrecer su asesoría es el volumen de procedimientos judiciales existentes y el posible conflicto de intereses en determinados casos. En la operación Lezo, por ejemplo, a los exdirectivos del Canal señalados les imputan delitos por el presunto desvío de 23 millones de dinero público.