La Fiscalía se opone a dejar en libertad a Sandro Rosell

"El alegado hecho de ser el señor Rosell una persona conocida 'a nivel planetario' no es una variable que pueda tener la trascendencia pretendida por el recurrente a la hora de valorar sus posibilidades de fuga", explica el Ministerio Público en su escrito presentado ante la Sala de lo Penal.

También recuerda que otros investigados en el caso, como el expresidente de la Confederación de Fútbol Brasileño (CDF) Ricardo Terra Teixeira y el extécnico del Barça detenido ayer Josep Colomer son también conocidos, "por no mencionar nominativamente a tantos otros afamados investigados huidos durante años de la justicia penal de sus respectivos países".

Los fiscales del caso, Vicente González Mota y María Antonia Sanz, opinan que "resulta muy difícil descartar el riesgo de que precisamente aquel que ideó la mecánica delictiva trate de eludir las graves sanciones penales que su conducta puede llevar aparejada".

La juez Carmen Lamela acordó el ingreso en prisión de Rosell al considerar que lideraba una organización criminal internacional dedicada al cobro de comisiones ilegales derivadas de los derechos de la selección de fútbol brasileña. Por estos hechos, habría blanqueado casi 15 millones de euros.

Lamela apuntó en el auto de prisión de Rosell que, junto a éste, formaban también parte de la organización su esposa Marta Pineda, el presunto testaferro del primero en Andorra Joan Besolí, el empresario libanés Hale Ohannessian, el cuñado del testaferro Andrés Ramos González y el expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol Ricardo Teixeira, además de Josep Colomer, socio de Rosell en la academia de jóvenes promesas del fútbol Aspire, con sede en Qatar.

La Fiscalía está de acuerdo con el argumento que utilizó la magistrada para justificar el ingreso en prisión incondicional, y es que el exdirectivo del Barça no tiene "especial arraigo" en España, lo cual hace que permanezca el riesgo de fuga.

El Ministerio Público recuerda que Rosell realiza fuera de España el grueso de su actividad profesional, viaja al extranjero de forma habitual y por periodos de tiempo prolongados, dispone de parte de sus bienes fuera de España donde además tiene sus negocios, "de modo que podría establecerse con su familia en un buen número de otros países, sustrayéndose así a la acción de la justicia".

"Sus actividades en Asia, África, China, Senegal y Qatar, la disposición de cuentas bancarias en el extranjero, la utilización de sociedades con formas jurídicas opacas ubicadas en territorios 'off shore' son todas circunstancias que acreditan un riesgo objetivo y cierto que sólo la medida de aseguramiento personal adoptada puede conjurar", explican los fiscales.

Es más, destacan una conversación intervenida que Rosell mantuvo con su socio en Brasil, Ricardo Terra Teixeira, en la que éste consulta "qué lugares del mundo podrían resultarle más seguros a la hora de evitar problemas derivados de las investigaciones en curso".

Para defender la permanencia en prisión de Rosell, la Fiscalía de la Audiencia Nacional también esgrime el argumento de la "gravedad de la pena" que se le puede imponer, que estaría comprendida, según el Código Penal, entre los seis y los nueve años de prisión.

Sobre el riesgo de destrucción de pruebas, los fiscales recuerdan que la trama que lideraba Rosell llevaba a cabo una "operativa de índole transnacional, lo que impide descartar que trate de frustrar la investigación que resta pendiente de culminar en el extranjero o de destruir los vestigios de su ilícita actividad fuera de nuestro país".

Tampoco resulta descartable para la Fiscalía el riesgo de reiteración delictiva "vista la pátina de normalidad que los investigados pretenden otorgar a su ilícita forma de proceder y la copiosa documentación intervenida y pendiente aún de análisis". De hecho, comparte con la juez instructora que los imputados en este caso "hacen del delito su modo de vida o fuente principal de ingresos".

En este punto, recuerda que Rosell ya está investigado en otro procedimiento penal, el referente al fichaje del jugador Neymar y en el que el expresidente del Barça se enfrenta a una petición de pena de prisión de cinco años.

Por otro lado, el Ministerio Público entiende que la "indefensión" que alega la defensa al haber estado secreta la causa no está justificada, ya que el secreto de las actuaciones se constituye como una limitación temporal prevista además en la Carta de los Derechos fundamentales de la UE.