El Gobierno reforzará la autonomía de los fiscales pero niega que les dé órdenes

Así consta en varias respuestas escritas del Gobierno a preguntas formuladas por los grupos de Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT en el Congreso de los Diputados. "En España no se tolera la corrupción", recalca el Ejecutivo, que destaca que ha llevado "la batería de actuaciones más potentes de cuantas se han promovido en España en los últimos cuarenta años". Al respecto subraya que "el resultado de estas políticas que se han llevado a cabo es que hoy están aflorando casos de corrupción".

En concreto el diputado de Unidos Podemos Joan Mena preguntó "acerca de la orden dada por el anterior fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, a los fiscales del caso Lezo -por el que está preso el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González- para que no se ejecutara uno de los registros previstos en la operación judicial". "El Gobierno no ha impartido instrucción alguna al fiscal jefe Anticorrupción ni en este asunto ni en ningún otro", destaca el Ejecutivo.

Y añade que dado su "firme compromiso" en la lucha contra la corrupción es "el primer interesado en que se proceda a determinar la eventual responsabilidad criminal de todos los implicados". Asimismo asegura que desconocía "la orden u órdenes dadas por el fiscal jefe hechas públicas" y recuerda que "el Ministerio Fiscal ejerce su misión por medio de órganos propios y esto implica que su actividad se lleva a cabo de manera autónoma sin injerencia alguna de ningún ministerio".

El Gobierno manifiesta su propósito de presentar un proyecto de ley sobre el Ministerio Fiscal "que garantice su autonomía frente a todos". De todas formas insiste en que el Ministerio de Justicia ha impulsado y ejecutado un paquete de medidas "sin precedentes contra la corrupción". El Gobierno mantiene que "es evidente que los casos de corrupción son una lacra pero también resulta adecuado recordar que si suceden estos casos la justicia realiza su trabajo y despliega todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé para ello".

"En este sentido el Gobierno ha tomado y seguirá tomando cuantas medidas estén en su ámbito de competencias y resulten oportunas para que la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal cuenten con todos los medios adecuados (legales, de personal, presupuestarios, etcétera) para la persecución de la corrupción", recalca. Entre dichas medidas el Gobierno incluye la consolidación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos derivados del delito (ORGA), que a lo largo de 2016, su primer año de funcionamiento operativo, ingresó 12.721.481 euros, informa.