Mateo Balín
Viernes, 9 de junio 2017, 18:34
El coronel retirado Ramón Fernández de Usera, de 82 años, y su hijo Ramón Guillermo se enfrentan a 12 años de prisión y una multa de 73.000 euros, respectivamente, por los delitos de estafa continuada y apropiación indebida. Los acusados serán juzgados este ... martes en la Audiencia Provincial de Madrid por vender propiedades a particulares haciéndoles creer que pertenecían al Ministerio de Defensa y que, de esta forma, eran más baratas para posteriormente quedarse con el dinero.
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El coronel actuaba junto a su hijo en calidad de administradores mercantiles de dos sociedades y, aprovechándose de su condición de militar y de sus buenas influencias en Defensa, se hacía pasar por representante del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (IVIFAS).
De esta forma los dos acusados ofrecieron a un particular la posibilidad de adquirir en propiedad tres viviendas que decían pertenecer al IVIFAS y que iban a quedar libres a un precio sensiblemente inferior al del mercado. Entre abril y mayo de 2004 la persona estafada les entregó en varias ocasiones distintas cantidades de dinero hasta alcanzar los 144.273 euros, que fueron a parar al patrimonio de los acusados.
El 'modus operandi' se repitió dos años más tarde, en abril de 2006, "gracias a las buenas relaciones que mantenían los acusados con el Ministerio de Defensa". Padre e hijo lograron convencer a otro particular para que adquiriese a buen precio una vivienda antes de que el IVIFAS la licitara para subasta pública.
Padre e hijo, con la excusa de que tenía que consignar cierta cantidad de dinero, consiguieron que la persona estafada desembolsara más de 181.000 euros en cuatro meses, una cantidad de dinero que se incorporó en metálico a su patrimonio sin realizar ingreso alguna en la cuenta de consignaciones del Ministerio de Defensa.
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La última operación fraudulenta ya fue más elaborada, ya que el militar se postulaba como alguien que había ejercido como arquitecto en el IVIFAS. Con esta carta de presentación acudió a otro particular para que adquiriese una vivienda que pertenecía a la viuda de un alto militar haciendo creer a la persona estafada que actuaban con un contrato de mandato de venta de la propietaria que, además, necesitaba vender la propiedad. Tras ello consiguieron que les entregara 114.750 euros. En total, las ventas les reportaron cerca de 440.000 euros.
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