Investigan a casi 40 personas, entre cargos públicos y empresarios, por un vertedero ilegal de Nerja

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, que ha llevado a cabo el Seprona, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que presentó una querella sobre estos hechos, lo que dio lugar al inicio de un procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox (Málaga), que a finales de mayo levantó el secreto de las actuaciones.

El vertedero, que en 2016 ocupaba 36.000 metros cuadrados, está ubicado junto al río de la Miel, dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra de Tejera, Almijara y Alhama; "un espacio protegido"; y existe desde hace unos 15 años, según la querella, resultando de las investigaciones que se está "vertiendo de manera incontrolada toda clase de residuos de la construcción y demolición, peligrosos, y grandes cantidades de podas".

Esto supondría, según lo actuado hasta ahora, un grave peligro para el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales, además de un alto riesgo de incendio, entre otras consecuencias medioambientales y de seguridad para las personas. Este espacio viene siendo explotado por una sociedad, formada por cinco empresas; pero con el conocimiento de las administraciones, según las fuentes.

Tras inspecciones realizadas, los investigadores detectaron, según las fuentes, que no hay sistema de canales que eviten la entrada de agua de lluvia, que los residuos se depositan directamente sobre el terreno, que no existen medidas de control sobre emisión y acumulación de gases, algunos de ellos inflamables; y que no hay cortafuegos o sistema de extinción de incendios ni vallado perimetral.

Asimismo, hay especies de flora silvestre en la zona, incluidas en la categoría en peligro de extinción y, según las fuentes, en caso de producirse un incendio el daño medioambiental podría ser considerado de "catastrófico" desde un punto de vista medioambiental, según los investigadores, afectando directamente al parque natural o incluso al paraje de los acantilados de Maro-Cerro Gordo.

Además, han señalado que las empresas encargadas de la explotación habrían expedido "certificaciones falsas" a las empresas que acudían a ellos para la adecuada gestión de sus residuos, acreditativas de que estos están siendo vertidos en vertedero controlado.

Así, se investigan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad y prevaricación. Entre los investigados en la Guardia Civil se encuentran cargos públicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, como la alcaldesa, Rosa Arrabal, el exalcalde José Alberto Armijo y ediles tanto de esta Corporación como la anterior; además de 26 empresarios.

La investigación iniciada a principios de año por el Seprona, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente, se encuentra prácticamente terminada y ha sido de las más relevantes sobre un vertedero de las realizadas en la provincia malagueña, según las fuentes.