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EUROPA PRESS
Domingo, 4 de junio 2017, 12:27
Moncloa es consciente de que los funcionarios catalanes son una pieza clave en la hoja de ruta independentista y confía en que no sucumban a las presiones del Gobierno catalán ante el referéndum. Por eso, ve importante recordar que la primera obligación de un empleado ... público es la "lealtad" a la Constitución y que su incumplimiento puede llevar a incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales.
Así se recoge en uno de los argumentarios internos que maneja Moncloa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incluyen también algunas pautas de defensa jurídica que pueden seguir en caso de recibir órdenes de dudosa legalidad por parte del Gobierno de Carles Puigdemont.
El Ejecutivo del PP confía en que los funcionarios no se arriesgarán a posibles sanciones y a ser apartados de un puesto que han logrado por oposición. El pasado viernes, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, fue preguntado expresamente por el papel que esperan de los funcionarios si se convoca el referéndum y dijo que no dudaba de que cumplirían con la ley y "con lo que ordena el Tribunal Constitucional".
En cualquier caso, en Moncloa no creen que esté demás recordar que la primera obligación de empleado público en cualquier administración, ya sea estatal, autonómica o local, es la "lealtad" a la Constitución y el debido acatamiento a las leyes.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que ve difícil que la comunidad internacional pueda presionar al Estado para que negocie una solución en el contencioso abierto con el Govern a raíz del proceso independentista: "Creo que no tenemos que ser ingenuos".
Lo ha dicho en una entrevista publicada este domingo por el periódico 'Ara' recogida por Europa Press en la que se ha reafirmado en su voluntad de celebrar un referéndum este 2017 del que ha dicho que "no será" un nuevo 9N, en referencia al proceso participativo convocado por su antecesor, Artur Mas, en 2014.
"Primero, porque lo hace el Govern. Segundo, porque habrá una pregunta clara de respuesta binaria: sí o no. Y tercero, porque los resultados tendrán consecuencias", ha argumentado.
Puigdemont ha explicado que su Ejecutivo está diseñando todas las garantías democráticas para que la votación sea efectiva y vinculante, pero ha insistido en que "la mejor garantía habría sido un acuerdo con el Estado".
Sobre este pacto, ha aseverado que no hay que descartar "hasta el último día" que el Gobierno central acceda a acordar el referéndum, si bien ha reiterado su voluntad de llevarla a cabo igualmente si no hay una respuesta en este sentido por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
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