Las 72 horas que desencadenaron la guerra de fiscales

Salvando las desavenencias por la falta de medios para que los fiscales revisasen las causas penales tras la fijación de los plazos de instrucción, la labor de Madrigal había sido bien valorada por el Ejecutivo, especialmente en lo relativo al desafío soberanista catalán. Pocas dudas había, entonces, para lo que después ocurrió. Y así lo reflejaron los medios de comunicación y el Ministerio de Justicia no desmintió. Se daba por hecho que la fiscal general seguiría.

Sin embargo, las 72 horas siguientes a aquel lunes de noviembre explican en buena medida la profunda crisis que ha atravesado el Ministerio Fiscal hasta la dimisión este jueves de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Una salida que se suma a los continuos incendios que ha sufrido el órgano que defiende la legalidad, con filtraciones sumariales, desavenencias de criterios entre los fiscales y reprobaciones en el Congreso. Una fuerte erosión de la imagen de una institución fundamental para el Estado de Derecho.

Todo comenzó en aquellas 72 horas de otoño, con el nombramiento de José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General en sustitución de Madrigal. El Gobierno, representado por el ministro Catalá, rechazó mantenerla al comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público. Las propuestas de modificación fueron planteadas directamente a Madrigal por Catalá en diversas reuniones y en conversaciones telefónicas, según han relatado a posteriori fuentes jurídicas conocedoras de aquellos acontecimientos.

El Gobierno explicó a la fiscal general que eran necesarios cambios en varias de las plazas de la cúpula fiscal pendientes de renovación. Conforme avanzaban los encuentros, el interés mostrado por el Gobierno se fue centrando en ciertos sillones, lo que algunos de los afectados denominaron después «las dos colinas». Se trataba de las jefaturas de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. También otras como el jefe de la Unidad de Apoyo, clave en las relaciones entre la Fiscalía y el Ministerio, o la Jefatura Superior de Murcia, en plena tormenta con el entonces presidente regional Pedro Antonio Sánchez.

Catalá respaldó expresamente la opción de que Moix ocupara la jefatura de Anticorrupción, como finalmente se acordó, en sustitución del discreto Antonio Salinas, jubilado tras 13 años en el cargo. Madrigal, en cambio, tenía previsto designar a Alejandro Luzón, un histórico de la casa, encargado de casos como las tarjetas black de Cajamadrid y que la fiscal general tenía a su lado como teniente de la Secretaría Técnica. Sin embargo, también llegó a considerar aceptable la propuesta de Moix.

Pero donde se produjo el choque determinante para que Madrigal no renovara fue en la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El ministro le transmitió que era necesario apartar de ese puesto clave a Javier Zaragoza. Las conversaciones no se centraron tanto en poner a alguien concreto como en cambiar a Zaragoza. El fiscal jefe llevaba desde 2006 en la plaza en sustitución de Eduardo Fungairiño, a quien el entonces fiscal general Cándido Conde-Pumpido retiró su confianza tras una «limpieza ideológica sin precedentes» en determinados puestos de la institución, también en Anticorrupción, según recuerdan otras fuentes judiciales consultadas.

Estos informantes ven en aquellos movimientos del fiscal general del Gobierno socialista el germen de la guerra interna que ha acabado con la dimisión de Moix. La razón no fue otra que Conde-Pumpido se empeñó en «modificar» los equilibrios ideológicos en Anticorrupción, con la creación de una decena de plazas que en su mayoría acabaron en manos de fiscales de su confianza. Acusadores públicos que siguen en la Fiscalía Especial en situación temporal y que habrían liderado la rebelión contra la elección de Moix y sus planes «de orden» para este departamento.

Volviendo a la salida de Madrigal, el proceso culminó con una última reunión en el Ministerio de Justicia a primera hora del viernes 11 de noviembre de 2016, día en que el Consejo de Ministros debía nombrar al fiscal general de la nueva legislatura. Catalá comunicó a Madrigal que no iba a continuar en el puesto y horas después se anunció el nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza.

Días antes del Consejo Fiscal del 22 de febrero pasado, en el que se iban a anunciar los nombres para las 30 vacantes pendientes de renovación, Maza ya tenía a sus elegidos, «todos ellos excelentes profesionales». Una forma de adelantar que habría cambios. Y así fue. Moix llegó a Anticorrupción pese al reputado perfil de otros candidatos y Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria en el Consejo Fiscal, se hizo con la plaza de la Audiencia Nacional por un voto de diferencia frente a Javier Zaragoza.

El malestar en una parte de la Fiscalía era evidente, encabezada públicamente por dos asociaciones, la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece Zaragoza y minoritaria en el Consejo Fiscal, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, sin representación en el órgano que asesora a la Fiscalía General y vota los nombramientos.

Con esta división en el ambiente, el enredo engordó entre marzo y mayo con los casos de corrupción Púnica y Lezo, que afectan al PP, y que instruyó el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco hasta su salida voluntaria del juzgado hace diez días. De forma paralela, la guerra de fiscales dinamitaba Anticorrupción. El del caso Lezo, Carlos Iañez, tuvo un duro enfrentamiento de criterio con su jefe Moix, que acabó en una junta interna que respaldó al primero. También hubo tensión con varios pesos pesados de la casa como José Grinda por el caso de 3% de Convergència. El fiscal general tuvo que dar explicaciones en el Congreso por estos casos y por rechazar investigar al expresidente de la Región de Murcia en Púnica. Demasiado ruido para una institución acostumbrada al silencio.

A esta escalada se sumaron las filtraciones del sumario de Lezo, que salpicaron al propio Catalá y al secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, y el informe de la Guardia Civil pidiendo la imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en Púnica. Y como colofón, la aparición de la sociedad panameña regularizada de la familia Moix, revelada por el diario digital Infolibre el pasado lunes, que acabó doblando el brazo del jefe de Anticorrupción solo cien días después de su nombramiento. Moix perdió la confianza de la Asociación de Fiscales y de quien le nombró, José Manuel Maza. Unos hechos que las fuentes consultadas enmarcan en esta guerra de fiscales originada en aquellas 72 horas de noviembre que acabaron con Consuelo Madrigal.