«Reto a cualquier fiscal a que diga cuándo alguien del Gobierno le ha llamado para darle instrucciones»

¿La dimisión de Manuel Moix ha sido una renuncia obligada?

No. Ha sido una renuncia personal hecha desde un sentimiento profundo de una persona que es un servidor público, que ha trabajado durante más de 30 años en la Fiscalía General del Estado, en la defensa del interés general del Estado de Derecho y que llevaba tres meses al frente de una fiscalía y ha sufrido unas críticas durísimas. Me parece que las críticas son siempre legítimas en un Estado de Derecho y en una democracia donde la libertad de expresión y de opinión es una de nuestras libertades fundamentales, pero yo creo que al señor Moix se le ha sometido a una extraordinaria presión. Lo que ha pasado es que él ha considerado que no se sentía con fuerzas, en un ambiente de tanta crispación, e incluso pensó que podía dañar la imagen de la Fiscalía, por lo que ha presentado su renuncia. Sé que el fiscal general del Estado le animaba a continuar desde el convencimiento de que no había cometido ninguna infracción a la legalidad vigente.

«El Gobierno no dirige la Fiscalía ni le dice al fiscal general del Estado cómo tiene que hacer su trabajo»

Si tener una empresa en Panamá no es delito, ¿dimite por la presión?

Así es, él lo ha planteado como una renuncia personal por las presiones a las que se veía sometido, y que él me dijo: mira yo soy un profesional y la crítica a mi trabajo la entiendo, pero mi familia es otro plano. Cuando ya ha saltado a la familia y cuando mis hijos han sido acosados a través de redes sociales con insultos y mi mujer está en una situación emocionalmente alterada, yo no puedo seguir así.

Se pide también la dimisión del fiscal general del Estado. ¿Cree que habrá más dimisiones?

Bueno, no me parece. Hablo a diario prácticamente con el fiscal general de asuntos de organización, de tecnología, de funcionamiento y le veo con mucha energía, con mucho ánimo, con mucha voluntad de sacar los proyectos adelante y de estar al frente de una institución muy importante para España. No me parece que el señor Maza esté en disposición de presentar su renuncia. Y aprovecho para tratar de aclarar que al fiscal general del Estado se le nombra por el Gobierno, por un trámite determinado, y una vez nombrado el Gobierno no puede cesarle.

¿Y usted se siente usted en la cuerda floja?

En absoluto me siento en la cuerda floja. En primer lugar porque estoy haciendo el trabajo con el que me he comprometido, a liderar la reforma de la Justicia en España y en eso estamos. Este Ministerio de Justicia tiene un conjunto de áreas diversas y porque tengamos un debate en una cuestión muy concreta de la Fiscalía, no me siento desautorizado en absoluto en cuanto a mi trabajo. Mi trabajo es mucho más que el de la Fiscalía. La Fiscalía es una institución que tiene su propio gobierno. El Gobierno de la nación no gestiona, no dirige la Fiscalía; la Fiscalía la dirige el fiscal general del Estado y el Gobierno no le dice al fiscal general del Estado cómo tiene que hacer su trabajo, no le dice a ninguno de los 2.400 fiscales cómo tienen que hacer cada día su trabajo, que lo hacen muy bien, por cierto. Por lo tanto, toda esta tormenta, todo este debate, yo creo que hay una parte que está distorsionando la realidad. En la Fiscalía General del Estado, como institución, no hay ningún problema.

¿Quién será el nuevo fiscal jefe anticorrupción?

No lo tengo que decidir yo. Lo tiene que decidir el fiscal general del Estado y después de oír al Consejo Fiscal. El Gobierno lo único que hace es recibir una propuesta que hace el fiscal general del Estado y ponerla en el BOE, eso es lo que hace el Gobierno. Nosotros no elegimos fiscales, en el sentido de que tengamos voluntad o confianza en uno.

¿Cómo se convence al ciudadano de los gobernantes no dan instrucciones en determinados casos?

El Gobierno no puede dar instrucciones al fiscal y cada fiscal es autónomo en su trabajo. Yo no conozco a ningún fiscal y reto a cualquier fiscal personalmente que diga cuándo alguien del Gobierno le ha llamado para darle instrucciones o para decirle haz esto o aquello, o no hagas esto o aquello. Y al fiscal general del Estado nadie le dice a quién tiene que proponer, porque tiene un equipo. El fiscal general del Estado ha propuesto el nombramiento de fiscales que están asociados a la Asociación Progresista de Fiscales y a nosotros no nos ha parecido ni bien ni mal. Quiero decir que no hay ningún tinte ideológico, ningún elemento de confianza, ningún elemento de valoración por parte del Gobierno.

Le iba a preguntar por las injerencias políticas, pero ya no.

Se hace un flaquísimo favor a la Democracia, a las instituciones y a la Fiscalía General del Estado cuando se transmite una idea que es absolutamente falsa. En España los fiscales son totalmente autónomos, los jueces son independiente y nadie les dice cómo tiene que hacer su trabajo. Sé que hay mucha gente que piensa que la Justicia está politizada, pero insisto que me presenten a un juez o a un fiscal que diga que él ha actuado al dictado de una orden de un político que no ha respetado su independencia. Yo no conozco ninguno.

¿Cómo le sentó entonces que le reprobaran en el Congreso?

La oposición tienen una función de control del Gobierno y de crítica, y democráticamente está en su derecho, pero yo creo que hay que tener cuidado y no superar determinados límites. Algún diputado socialista, porque también tengo amigos en el PSOE, decía que para mí la raya está en no decir en la Cámara nada que fuera pueda ser un delito, de difamación, de injurias y de calumnias. Eso yo creo que es una raya que no hay que superar nunca y creo que algunos las han superado amparándose en la inmunidad parlamentaria.