La CUP se querella contra el extesorero de Convergència por el 3%

Lo ha anunciado la diputada Anna Gabriel, que durante la comparecencia matutina de Germà Gordó en la Cámara catalana ha amenazado al exconsejero de Justicia con presentarle una querella. En concreto, los antisistema se presentan como acusación popular del llamado caso 'Petrum', que investiga el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell. Los anticapitalistas han presentado una querella criminal por la comisión de varios delitos de financiación irregular de partidos políticos, organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias contra el extesorero de CDC, Andreu Viloca, contra el ex alto cargo de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, y un grupo de empresarios como Jordi Sumarroca, Josep Manel Bassols, Félix Pasquina y Francisco Javier Tablero.

Gabriel ha justificado la querella, que llega un día después de que el Consorcio del Palau rectificara su posición y se decantara por acusar a CDC en el juicio del Palau, pues a su juicio los dirigentes convergentes implicados en casos de corrupción "no quieren asumir responsabilidades políticas y por tanto todo se aboca hacia los juzgados". Según el escrito de la querella, "existen indicios del presunto pago de comisiones a fundaciones de la órbita de la organización política Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), quien a través de su tesorero, Andreu Viloca, se reunía con empresarios que pretendían la adjudicación de obras públicas".

Gordó lo niega

El propio Gordó ha afirmado este miércoles en el Parlamento catalán, donde ha comparecido en la comisión de asuntos institucionales, que siempre ha actuado tanto en el Gobierno como en CDC "de acuerdo al ordenamiento jurídico. Lo ha expresado hasta en tres ocasiones, una semana después de que el juez de El Vendrell que investiga el caso 3% reclamara al TSJC su investigación por esa supuesta financiación irregular.

"Nunca he estado citado ni como testigo ni como investigado", se ha defendido ante las acusaciones de la oposición y ha señalado que todos los casos que le relacionan con presuntas prácticas corruptas no son más que "simples e interesadas filtraciones a la prensa", deslizando una supuesta operación de guerra sucia para atacar el soberanismo.

En el caso 3%, el juzgado tarraconense está investigando a los extesoreros convergentes Daniel Osàcar -procesado en el caso Palau- y a Andreu Viloca, además de varios empresarios, que se sospecha pagaron mordidas a la formación nacionalista. Según Gordó, que fue mano derecha de Mas en la dirección del partido, Viloca y Osácar son unos "magníficos profesionales con una conducta intachable". El exconsejero ha negado cualquier irregularidad y ha recordado que el TSJC en el mes de enero ya dijo que "no ha lugar a tirar adelante la investigación" contra Gordó, cuando el juez de El Vendrell pidió su imputación por primera vez.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el dirigente nacionalista era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC. "No hay explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" que Gordó tuvo con empresarios, según los fiscales asignados al caso. "Gordó ha ido más allá del tráfico de influencias y ha actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública", según el informe del Ministerio Público.

El exconsejero de Justicia, que ha negado que acudiera a cacerías o al palco del Bernabéu con uno de los empresarios implicados en la trama, se ha escudado en la presunción de inocencia. "No podemos romper este principio, dando por buena una información periodística", ha dicho. Ha reconocido todas las reuniones que le atribuye la Fiscalía. "Claro que me he reunido con empresarios. Sólo faltaría. Y con sindicatos, entidades culturales, colegios profesionales,... Con todos los que me lo pedían, pero nadie pidió nada en contra del ordenamiento jurídico", ha afirmado.

Los grupos de la oposición le han reta a renunciar al aforamiento como diputado de Junts pel Sí si no tiene nada que esconder y han acusado a CDC de no hacer limpieza con el 3%. La CUP, incluso, le ha amenazado con una querella.