La Generalitat desafía al Estado y anuncia la compra de 8.000 urnas para el referéndum

Este era uno de los asuntos que había enrarecido las relaciones entre los miembros del Ejecutivo del PDeCAT y los de ERC. Fue a partir de que trascendiera que el Departamento de Gobernación, en manos de los nacionalistas, le trasladó a Vicepresidencia, que dirige el republicano Oriol Junqueras, que no compraría las urnas, salvo que la orden le fuera emitida por escrito. En el fondo, subyacía el continuo marcaje que se hacen ambas formaciones y el temor latente a que alguna de las dos asuma más responsabilidades que la otra en la organización y en consecuencia en las posibles repercusiones penales. Este recelo se plasmó también tras la grabación y filtración de una charla con militantes del número 3 del PDeCAT, David Bonvehí, en la que reconoció que la exCDC podría buscar un candidato "autonomista" si fracasara el proceso. Los convergentes acusaron de la grabación y filtración a la prensa a Esquerra, lo que agravó la crisis.

TV-3 ha informado esta tarde que la Consejería de Gobernación sacará a concurso la compra de las urnas y en unos días el Diario Oficial de la Generalitat publicará la convocatoria pública para que las empresas interesadas puedan optar al concurso. Puigdemont y Junqueras han sellado las paces y han acordado tirar adelante los preparativos de manera "conjunta".

Se trata del primer paso firme y con consecuencias jurídicas que adopta el Gobierno catalá, cuyos miembros acumulan hasta cinco avisos del Tribunal Constitucional de los riesgos penales que corren si avanzan en el desarrollo del referéndum.

La compra de urnas (la Generalitat no tiene propias y para el 9-N tuvo que adquirirlas de cartón) es la primera concreción de cara a la convocatoria y celebración de la consulta, que la Generalitat se ha comprometido, y así lo reiteró en una firma conjunta de más de un centenar de consejeros y altos cargos, en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat hace dos semanas. El Gobierno catalán deberá aclarar cómo va a pagar las urnas, ya que el Tribunal Constitucional suspendió hace un mes las partidas del presupuesto destinadas a la consulta. La Generalitat podría justificar, eso sí, que las urnas puedan ser empleadas para consultas de tipo local o comarcal, como las que se hacen a nivel en los ayuntamientos sobre asuntos que competen a los municipios.