El Constitucional ordena investigar los malos tratos a un «trillizo de ETA»

Compains fue detenido el 14 de septiembre de 2010 en Zaragoza en el marco de una operación contra los responsables de Ekin. Se trataba de su cuarto arresto después de ser detenido en otras tres ocasiones acusado de actos de violencia callejera y pertenencia a ETA, aunque tras todas ellas quedó en libertad.

Los trillizos Mikel, Eneko y Joseba Compains Silva, nacidos en Pamplona el 12 de abril de 1981, fueron detenidos el 8 de octubre de 1997 en la capital navarra como presuntos integrantes de un comando "Y" de apoyo a ETA que operaba en la ciudad, y tras ello se les conoce como los 'trillizos de ETA". Su padre es uno de los promotores de Sortu.

La sentencia del tribunal de garantías señala que el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona no agotó todas las vías de investigación posibles para esclarecer los hechos, de acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y por ello ordena la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la primera decisión de archivo. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Andrés Ollero.

«Canon reforzado»

Los hechos que dan lugar al presente recurso de amparo ocurrieron en septiembre de 2010, tras la detención de Eneko y la denuncia que presentó por malos tratos. Tras un primer archivo del procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona como consecuencia de la denuncia por malos tratos, la Audiencia Provincial de Navarra ordenó la reapertura de la causa con el fin de que se practicaran nuevas diligencias de investigación.

Posteriormente, el Juzgado volvió a sobreseer las actuaciones, decisión que en este caso fue confirmada por la Audiencia Provincial. En su demanda de amparo, el recurrente afirma que se han vulnerado sus derechos a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución), a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1) y a un proceso con todas las garantías y al uso de los medios pertinentes de prueba para la defensa (artículo 24.2).

La sentencia explica que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigir de los órganos judiciales "un canon reforzado de investigación cuando se trata de denuncias de torturas y malos tratos por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado", máxime cuando el denunciante ha estado en situación de detención incomunicada.

Según la jurisprudencia del TEDH, incluso cuando los informes médicos no revelan "indicios claros" de la comisión de un delito de tortura, "han de practicarse otros medios de prueba adicionales, agotando cuantas posibilidades de indagación resulten útiles". La aplicación de la doctrina citada al este caso lleva a estimar el recurso. Señala la Sala que el hecho de que los informes médicos no contengan datos que permitan afirmar la existencia de malos tratos "no excluye la necesidad de investigar".