El Congreso aprueba el fin de la 'ley mordaza'

De esta forma, el PP se ha llevado hoy el segundo gran varapalo en la cámara baja en menos de una semana, tras la negativa del Parlamento a convalidar el Real Decreto de la estiba. Con la votación de esta tarde, el Congreso ha firmado el acta de defunción de la "ley mordaza" solo 20 meses de vida.

No obstante, el camino que queda hasta la derogación de la ley que apadrinó el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández, es largo. Y va a ser complicado. Hay acuerdo en la oposición para acabar con el actual texto, pero las diferencias entre los grupos son notables, tal y como ha podido comprobarse hoy en el Congreso. Irene Montero, por Podemos, ya ha avisado que su grupo quiere, incluso, una ley más laxa que la que promovió el PSOE (ley Corcuera). Los socialistas, por su parte, pretenden una reforma mucho más amplia que la que pide el PNV, aunque hay muchos puntos en común. Ciudadanos está mucho más cerca de las tesis del PNV, que las del PSOE. Y el PP, aunque hoy ha votado en contra de ambas propuestas, apunta claramente a buscar el apoyo de los nacionalistas vascos para buscar un derribo controlado de su obra legislativa, según se infiere de las palabras este martes del portavoz de los populares, Rafael Hernando.

Ninguna de las dos iniciativas, admiten fuentes de las dos formaciones proponentes, aspira a convertirse "per se" en la nueva ley. Tanto socialistas como nacionalistas son conscientes de que sus proposiciones se van a enfrentar a una avalancha de enmiendas, que están dispuestos a estudiar en el trámite parlamentario. El PSOE y el PNV solo pretenden con la tramitación de sus respectivos proyectos «forzar» a abrir cuanto antes el debate y la tramitación de la reforma de la "ley mordaza". Y, de paso, meter presión al Gobierno -y en particular al ministro Juan Ignacio Zoido- para que aclare hasta dónde está dispuesto a llegar en su promesa de diálogo para modificar el texto que sacó adelante su predecesor, Jorge Fernández, sin siquiera intentar acordarlo con la oposición.

La toma en consideración de la iniciativa socialista se ha hecho conjunta con la del PNV. A pesar de la postura negativa de los populares a la reforma de los dos proponentes, los responsables del Gobierno y del Ministerio del Interior dan por descontado que la ley tiene los días contados y que es mejor avenirse a acuerdos con la oposición para lograr una «voladura contralada». Zoido ha dicho que está dispuesto a hablar de todo con los partidos, excepto de la derogación automática de la normativa porque provocaría un vacío legislativo con graves problemas en el día a día.

Los socialistas creen haber salvado ese obstáculo. Su texto, que tampoco dista mucho del propuesto por el PNV, apuesta por cubrir esa "vacatio legis" con la reactivación momentánea de la "ley Corcuera", vigente hasta 2011. La proposición que el PSOE presentó el pasado 1 de diciembre propone enterrar la ley que introdujo, entre otros aspectos, las multas de hasta 600.000 euros para los promotores o participantes en protestas en las cercanías de las cámaras parlamentarias; las sanciones por fotografiar a miembros de las fuerzas de seguridad o desobedecer sus órdenes; los registros en lugares públicos; o las «expulsiones en caliente» de los inmigrantes.

44 cambios

El PSOE presentó aquella proposición solo dos días después de que el Congreso, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, instara al Ejecutivo a derogar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El acuerdo, sin embargo, no era vinculante y permitía al Gobierno desentenderse del emplazamiento parlamentario y no dar un solo paso para cambiar el texto.

Entonces, los propios socialistas reconocían que la propuesta era solo un acicate para obligar a la reforma y que su texto solo aspiraba a ser una suerte de pistoletazo de salida, un documento de trabajo inicial sobre el que deberán opinar todos los grupos, incluido el popular si se aviniera a pactar la introducción de cambios.

En la misma línea fue la proposición que el PNV presentó en enero y que, en esencia, proponía 44 cambios a la "ley mordaza", entre ellos reformar los apartados de la norma que obligan a comunicar a las autoridades la realización de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se realicen frente al Congreso y Senado cuando «no perturben la seguridad ciudadana». La propuesta nacionalista abogaba además por la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; o la puesta en marcha de un sistema sancionador que tenga en cuenta «la capacidad económica del infractor a la hora de determinar la sanción».

Zoido alabó el texto del grupo vasco el pasado 1 de marzo en el Senado. Dijo que el Gobierno no está de acuerdo con todos los cambios que plantea el PNV y algunas de sus propuestas «merecen una consideración más detenida», pero insistió en que «constituye un buen punto de partida».