La comisión de investigación ‘policía política’ echará a andar el 5 de abril con la declaración de Jorge Fernández

Ese mismo día, inmediatamente después de la comparecencia de Fernández sería la del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Ambos deberán aclarar el sentido de sus conversaciones en la sede de Interior, en la que supuestamente conspiraron para buscar pruebas contra los políticos soberanistas catalanes

La denominada «comisión de investigación sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior» se ha convertido en un campo de batalla parlamentario antes de empezar. Y no es cualquier guerra. Se debate el alcance en sí de esta comisión de investigación, la primera en el Congreso desde la del 11-M en 2004.

El Partido Popular y el PSOE aspiran a acotar mucho los trabajos y los comparecientes, para evitar que esta comisión se convierta en un altavoz para los nacionalistas catalanes y, sobre todo, que se dedique a airear más actuaciones polémicas de la denominada policía política, la camarilla de comisarios que, cuando era ministro Jorge Fernández, se dedicó a promover supuestas investigaciones extrajudiciales sobre rivales políticos.

Casi en las antípodas se sitúan Unidos Podemos, ERC y PDeCAT, que tienen en mente una comisión de mucho más largo recorrido y que creen imprescindible que por el Congreso de los Diputados pasen, no solo los comisarios bajo sospecha, sino miembros del actual Gobierno.

Hoy, los diputados tienen que establecer la «ordenación de los trabajos» de este grupo y el tema no va a ser fácil. Y eso que todavía no hay que fijar un listado cerrado de comparecientes. Por el momento, los puntos de acuerdo entre todos los grupos son mínimos. El primero es que la comisión debe iniciar sus trabajos pidiendo documentación. En particular, al Ministerio del Interior y al Parlamento catalán.

Al primero, le demandarán el informe encargado por Jorge Fernández y que dio lugar a que la Fiscalía solicitara al Supremo el archivo de la denuncia de Convergència contra el propio ministro y contra el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso por las grabaciones hechas públicas en las que ambos supuestamente conspiraban para buscar pruebas contra los soberanistas. A la Cámara catalana, los diputados reclamarán la declaración de De Alfonso ante este órgano.

El otro único punto en común entre todos los grupos es que entre los comparecientes tienen que estar sí o sí Fernández (cuando su estado de salud lo haga viable), De Alfonso y «muy probablemente» el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó.

Ni el PP ni el PSOE, por el momento, garantizan su apoyo a otros comparecientes, aunque el plan de trabajo establecido por el presidente de la comisión, el peneuvista Mikel Legarda, contempla que cada grupo pueda reclamar cuatro o cinco comparecientes. Los dos partidos mayoritarios apuestan por dejar zanjada esta comisión a finales de mayo, presentar sus conclusiones en Pleno en junio y que así el Congreso pueda centrarse en la otra comisión de investigación ya aprobada, la del rescate bancario.

Pero esta idea de investigación exprés solo la comparte Ciudadanos. Los soberanistas catalanes y Unidos Podemos apuntan muy alto, incluso han insinuado que podrían pedir que declararan Mariano Rajoy o el actual titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, a pesar de saber que populares, socialistas y la formación de Albert Rivera los vetarán de forma inmediata.

Moragas y Camacho

Desde una posición más realista, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT sí que darán batalla por escuchar a la expresidenta del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, y al jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, a los que algunos medios acusan de estar en la génesis de la denominada operación Cataluña.

Estos mismos partidos también quieren que entre los comparecientes estén, al menos, cuatro de los mandos policiales que supuestamente participaron en esta camarilla antisoberanista. Se trata de los comisarios Eugenio Pino, exnúmero 2 de la Policía; José Villarejo, que confesó haber participado en investigaciones sobre políticos catalanes; Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos, unidad que se usó para esos trabajos sucios; o José Luis Olivera, quien supuestamente presionó a fiscales catalanes para conseguir el registro de la sede de la antigua Convergència.

Sobre todo el PP, pero también el PSOE, se niegan en redondo a que estos exaltos cargos comparezcan. Alegan que muchos de ellos están relacionados con investigaciones judiciales todavía en marcha como pequeño Nicolás, Pujol o Ático de González. Sin embargo admiten fuentes de ambas formaciones lo que realmente quieren impedir es que la comisión se convierta en altavoz de la «guerras intestinas» del Cuerpo Nacional de Policía.

Al margen de la bronca sobre los comparecientes, otra petición amenaza con provocar lío. Ciudadanos ha amagado con reclamar a la Generalitat los informes en su poder sobre el llamado CNI_catalán, el supuesto equivalente a la policía política de Fernández, pero en el Gobierno de Artur Mas. Un presunto grupo formado por agentes de los Mossos dEsquadra, dedicado a espiar a todas las fuerzas del arco parlamentario autonómico, incluidas Esquerra Republicana y la CUP.