Los abogados de yihadistas procesados denuncian indefensión ante los tribunales

La Fiscalía de este tribunal utiliza los informes del CITCO para vertebrar sus escritos de acusación cuando se trata de un sumario donde se investigan graves delitos, como el de integración en organización terrorista o colaboración con banda armada. Unos documentos de los que no disponen los abogados de los detenidos en fase de instrucción, ya que los jueces tienden a declarar las causas bajo secreto hasta que concluye la investigación. Esta circunstancia restringe el acceso a las diligencias a una sola parte del procedimiento, la que representa la Fiscalía como acusación pública.

En este contexto, cuando se levanta el secreto y los abogados acceden al sumario para conocer de qué se acusa a sus clientes, y poder preparar así su enjuiciamiento con todas las garantías legales, se topan con que abundantes datos aportados por el CITCO sobre el/los objetivos pertenecen a otras causas u operaciones policiales en marcha. Esto provoca que las defensas desconozcan o no tengan acceso a esos otros procedimientos al no estar personadas en los casos.

No son pocos los abogados de detenidos por yihadismo en España (tras la reforma penal de 2015 se han incrementado de forma exponencial hasta convertirse en uno de los países con mayor número de arrestos) que han planteado indefensión ante los tribunales. La razón es que este modus operandi del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil a través del CITCO vulnera la Directiva Europea 2012/13/UE, relativa al derecho a la información de los procesos penales. Una norma de común aplicación que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico tras la citada reforma antiyihadista, promovida por PP y PSOE.

El artículo siete de la citada directiva menciona el derecho de acceso a los materiales del expediente. El punto primero dice, de forma textual, que si una persona es objeto de detención o privado de su libertad «los Estados miembros garantizarán que se entregue a su abogado aquellos documentos relacionados con el expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes». Mientras que el punto segundo remarca que los Estados miembros garantizarán que la persona acusada o sospechosa o su abogado «tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa».

Un oficio de la Comisaría General de Información de la Policía incorporado en una causa seguida en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este periódico, resume la indefensión planteada por las defensas, que podría abocar a la nulidad de algunos procedimientos cuando el Tribunal Supremo se pronuncie. En dos casos analizados, los recientes juicios a Raja El Aasemy y a Samira Yerou, a quienes la Fiscalía imputaba sendos delitos de integración en organización terrorista y pedía nueve años de prisión, respectivamente, se usaron informes del CITCO para desvirtuar su presunción de inocencia.

Los casos El Aasemy y Yerou

En el caso de Raja El Aasemy, residente en Gandía (Valencia) y en prisión provisional desde su detención, se le vinculó con investigados en la Operación Vértice de la Policía en septiembre de 2015. En concreto con la detenida Sanae Boughroum a través de mensajes de Whatsapp, en los que manifestaron su deseo de matar «infieles», según el escrito del fiscal. Boughroum, residente en Toledo, ya estaba siendo seguida por la Guardia Civil en la llamada Operación Custodia, según recoge el documento del CITCO.

Con respecto a Samira Yerou, la Fiscalía relata que contactaba con otro investigado en la Operación Vértice, Achraf Jouied, alias Abu Anas Al Andalusi, que se encuentra en Siria bajo la bandera del Daesh y con quien contraería matrimonio. El CITCO estableció el vínculo de éste con la citada Operación Custodia de la Guardia Civil, investigada en otra causa abierta en la Audiencia Nacional. Otras conexiones son las operación Buma y Tebas del Instituto Armado.

Según un especialista en yihadismo consultado, esta estructura demostraría que todas las operaciones están unidas por una conexidad procesal. Sin embargo, el centro de inteligencia del Interior decide repartirlas entre la Policía y la Guardia Civil y en varios juzgados de la Audiencia sin que se ponga en conocimiento común. De lo contrario, los magistrados podrían acumularlas en un solo procedimiento. «Es por la conveniencia de ambos Cuerpos y se hace a espaldas de jueces y abogados», resume el experto.