La Cámara catalana acelera la ruptura exprés tras la sentencia contra el 9-N

Junts pel Sí pretende su reforma para tener las manos libres y poder aprobar la ley de transitoriedad jurídica en un día, en lectura única y sin que los grupos no independentistas de la oposición puedan presentar enmiendas al proyecto de ley. Junts pel Sí y la CUP plantean la ley de transitoriedad como una declaración de independencia de facto, que debe servir para dar amparo al decreto de convocatoria del referéndum. La reforma del reglamento incluirá que cualquier grupo parlamentario pueda tramitar proposiciones de ley en lectura única. El objetivo de los independentistas es sortear la impugnación al Tribunal Constitucional. Todos los grupos de la oposición -Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es Pot y el PP- ya han anunciado que no participarán en la ponencia conjunta.

La advertencia de la Generalitat

Por su parte, el Gobierno catalán ha lanzado un aviso al Estado y le ha advertido de que "no le temblarán las piernas" para celebrar el referéndum. "A pesar de las inhabilitaciones, mantenemos inalterada nuestra voluntad de hacer un referéndum, ha señalado la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté. La hoja de ruta pactada entre Junts pel Sí y la CUP, por tanto, se mantiene y no se prevé de momento ningún cambio en la línea de acelerar el proceso. Munté ha descartado también un posible adelanto electoral.

La consejera de la Presidencia ha calificado la sentencia contra el 9-N de malévola. No podemos aceptar como normal aquello que no lo es. Las urnas no se pueden condenar, ha asegurado, el fallo ha condenado a los 2,3 millones de personas que votaron en el 9-N, ha dicho. A su juicio, la sentencia demuestra que en el Estado español hay fobia a la democracia. Responderemos con más democracia, ha avisado. Munté ha dicho que el Gobierno de Puigdemont cuenta con los tres dirigentes condenados para que hagan de expositores y puedan explicar por el mundo lo que pasa en España y lo frágil que es la democracia.

Aun así, el Ejecutivo autonómico, según Munté, mantiene la mano tendida al diálogo con el Gobierno central. La consejera de la Presidencia ha descartado que desde el pasado mes de enero Rajoy y Puigdemont se hayan visto en privado y ha vuelto a reclamar un nuevo encuentro entre los dos presidentes para abordar la cuestión catalana. Continuamos queriendo que se produzca el encuentro, ha afirmado. Pero no hay fecha, ha añadido. Munté no ha precisado si la sentencia del 9-N supone un antes y un después en las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, pero a su juicio es un paso más que constata que no hay voluntad en el Gobierno central para encontrar una solución política a la cuestión catalana.