El Gobierno corteja al PNV también para la reforma de la 'ley mordaza'

Juan Ignacio Zoido se ha felicitado en la Cámara Alta de que los contactos ya mantenidos con los diferentes grupos parlamentarios para consensuar los cambios van por buen camino y se ha referido específicamente al PNV. Ha explicado que la propuesta de los nacionalistas contiene algunas propuestas que pueden contribuir a mejorar técnicamente el texto legal. Según Zoido, el Gobierno no está totalmente de acuerdo con todos los cambios que apoya el PNV y algunas de sus propuestas merecen una consideración más detenida, pero ha insistido en que el texto constituye un buen punto de partida.

Con las herramientas del diálogo y la buena voluntad de todos, estamos caminando por una acertada ruta para modificar, con el mayor apoyo parlamentario posible, la ley, ha insistido el titular de Interior, que no ha hecho mención alguna al texto alternativo presentado por los socialistas y que proponía, entre otros aspectos, resucitar la ley Corcuera mientras se aprobaba una nueva normativa.

Zoido ha reiterado su gran miedo en esta reforma: que se produzca un vacatio legis. Es necesario insistir en que la derogación de la norma generaría un vacío normativo de imprevisibles efectos porque dejaría sin cobertura legal a buen número de actuaciones de las fuerzas y cuerpos de Seguridad. Y no sólo del régimen sancionador, sino de asuntos cotidianos como la expedición del DNI o el pasaporte y otras actividades relevantes para la seguridad ciudadana, ha apuntado.

44 cambios

El texto presentado por el PNV el pasado 20 de enero propone reformar hasta 44 puntos de la ley de Seguridad Ciudadana, en particular que se retiren los apartados que sancionan comportamientos ligados a la libertad de expresión e información, así como al derecho a huelga.

El PNV, entre otros aspectos, quiere reformar los apartados de la ley de 1983 que obligan a comunicar a las autoridades la realización de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se realicen en los mismo términos frente al Congreso y senado, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.

La propuesta aboga además por la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos y seguridad del estado.

Del mismo modo, y en lo referido a las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla, que el PP introdujo en esta ley como una suerte de apéndice, el PNV urge a establecer un procedimiento "legal y efectivo" de devoluciones en la frontera que "respete la normativa internacional de derechos humanos".

Otro tema novedoso es que el grupo vasco propone un sistema sancionador que tenga en cuenta "la capacidad económica del infractor a la hora de determinar la sanción".