El desafío soberanista llega al Supremo

El Alto Tribunal juzga desde este lunes a Homs por los mismos hechos por los que compareció como testigo hace tres semanas. Está acusado de prevaricación administrativa y desobediencia grave, por lo que la Fiscalía le pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Se cambian las tornas, el juzgado ahora es él y Artus Mas declarará el martes como testigo.

Sin embargo, se soslayan dos procedimientos con la circunstancia de que quizás, teniendo en cuenta que este miércoles el juicio contra Homs, aforado nacional, quedará visto para sentencia, se conozco antes el fallo del Supremo que el del TSJ de Cataluña, con lo que el Alto Tribunal ya fijaría el camino en un posible recurso de Mas, Ortega y Rigau en caso de ser condenados.

Homs está citado este lunes, a las diez de la mañana. Ese mismo día también prestarán declaración ante el tribunal presidido por Manuel Marchena e integrado por otros cuatro magistrados Bernat Rigau, José María Descó, Josefa Martín Bazoco, Jordi Escalé, Felipe Puig y Godés, Daniel Ramón Martínez de Obregón y Joan Codol. Al día siguiente, por la mañana, han sido llamados Isabel Vidal, Fátima Soro, Pere Camprubí, Carles Fabró, Mónica Osácar, Ignasi Genovés i Avellana, Marta Coll, Federico Undina i Abelló y Jordi Vilajoana. Ya por la tarde, declararán Miquel Buch i Moyá, Carles Viver, Josep Martín i Blanch, Albert Lamarca y Artur Mas.

En su escrito de acusación, el fiscal consideró que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y otro de desobediencia grave por vulnerar la suspensión del Constitucional. El acusador público solicitó una pena de nueve años de inhabilitación y, en el caso de que el tribunal optara por penar los citados delitos por separado, reclamó siete años y seis meses de inhabilitación por la prevaricación y una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros (30.000 euros en total) por la desobediencia grave.

«Potenció» la consulta

El fiscal considera que Homs «no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria y puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del CTTI (centro tecnológico responsable de canalizar los resultados del 9-N)».

Además, el fiscal entiende que Homs «era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional» y, pese a ello, «potenció» las tareas que derivaron en la consulta (votaron 2,3 millones de personas, menos del 50 % del censo, y el 81 % apoyó la independencia).

El escrito del Ministerio Fiscal desglosa el dinero desembolsado para la celebración del «proceso participativo» y apunta que el 24 de octubre de 2014 el departamento de Homs recibió el encargo de difundir la publicidad institucional con un coste de 806.403 euros. También se adquirieron 7.000 ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación.

El departamento de Gobernación solicitó además los servicios del Centro de Telecomunicaciones para el apoyo al proceso. Se presupuestaron 1,2 millones de euros y la factura que se expidió el 3 de noviembre fue de 698.685 euros. Así, el 9-N supuso un coste a las arcas públicas de, al menos, 1.505.088 euros. Homs, sin embargo, no fue acusado de malversación de caudales públicos, que hubiera acarreado penas de prisión y multa.