La juez Núñez levanta la fianza civil de 4,2 millones impuesta a Griñán por los ERE

En 26 autos distintos, consultados por Europa Press, la instructora archiva las piezas de responsabilidad civil abiertas contra los 26 exaltos cargos investigados después de que la acusación particular que ejerce la Junta, que solicitó el archivo de esta pieza separada, haya manifestado en un escrito que "se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar".

En el auto donde abrió juicio oral contra los expresidentes Manuel Chaves --a quien no se llegó a imponer fianza civil-- y José Antonio Griñán y otros 24 exaltos cargos, el entonces juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, requirió a Griñán y a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo para que prestaran una fianza de 4.214.702 euros; al exconsejero de Empleo José Antonio Viera para que lo hiciera en la cantidad de 6.229.108 euros, y al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo le pidió una fianza de 3.763.332 euros.

El juez Álvaro Martín, que les apercibió de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas en el plazo de 30 días, se procedería a decretar el embargo de bienes, impuso posteriormente --mediante auto de 21 de diciembre-- una fianza de responsabilidad civil de 1.975.534 euros al exdirector general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, mientras que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández tenía una fianza civil de 807 millones y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero de 686 millones.

La instructora explica en los autos que el ejercicio de la acción civil junto con la penal está previsto en los artículos 108 y 110 a 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, preceptos que "contemplan el ejercicio conjunto de ambas acciones en el marco del proceso penal, y sólo en el caso de que el perjudicado opte por reservarse la acción civil para su ejercicio en el correspondiente proceso en esa jurisdicción será posible una separación de las dos acciones".

Renuncia o reserva de la acción civil

Al hilo de ello, argumenta que corresponde a la Fiscalía "el ejercicio en el seno del proceso penal de las acciones de contenido punitivo y el ejercicio de las acciones civiles derivadas de la infracción penal en beneficio del perjudicado o perjudicados, salvo que éste o éstos las hubieren renunciado o reservado para ejercitarlas ante la jurisdicción civil".

"Aunque los perjudicados por la infracción penal no se muestren como parte en la causa penal, no por ello ha de entenderse que renuncian a las indemnizaciones que puedan corresponderles, que deberán ser ejercitadas por el Ministerio Fiscal en beneficio de aquellos", subraya la juez, que en este sentido recuerda que el artículo 111 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "otorga al perjudicado la posibilidad de hacer reserva de las acciones civiles en el proceso penal para ejercitarlas posteriormente ante la jurisdicción civil".

Al hilo, pone de manifiesto que, "ejercitada en el proceso penal sólo la acción penal, conforme al artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se entenderá ejercitada también la acción civil, a no ser que el perjudicado la renuncie o reserve expresamente para ejercitarla después de terminado el proceso penal", por lo que "queda claro que en nuestro ordenamiento jurídico, el proceso criminal tiene por objeto no sólo la acción penal sino también la civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, salvo renuncia o reserva expresa de los perjudicados por el hecho punible".