Urdangarin, todo o nada en el Supremo

Todos los condenados por tribunales de instancia en los principales casos de corrupción de los últimos años acudieron en casación al Alto Tribunal. Confiaban, claro está, en una rebaja de la pena o, en el mejor pero más improbable caso, en su absolución. Sin embargo, todos ellos acabaron entrando en prisión. Algunos tras beneficiarse de una disminución sustancial del castigo, la mayoría porque la sala confirmó el fallo de instancia y otros pocos acabaron recibiendo más pena. de la ayuda al desarrollo destinada por el Gobierno valenciano a Nicaragua, Blasco cumple pena en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) después de que el Supremo le impusiera seis años de prisión en junio de 2015.

El "todopoderoso" exconsejero autonómico con Francisco Camps y Eduardo Zaplana pasó por cinco carteras entre 1999 y 2011, y con el socialista Eduardo Lerma entre 1983 y 1989, se benefició de una rebaja de dos años en el Alto Tribunal. La Sala Segunda, con ponencia del magistrado Antonio del Moral, consideró que Blasco "pisoteó" a los ciudadanos por ayudar a desfalcar fondos públicos en favor del empresario César Tauroni. Quedaron probados tres delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. A los dos primeros, el Supremo les quitó la agravante de continuidad delictiva.

Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear

El Supremo confirmó en julio de 2013 la condena por un delito de tráfico de influencias a Jaume Matas. La Sala Segunda hizo una profunda corrección de la sentencia dictada por la Audiencia de Palma -el mismo tribunal del caso Nóos pero con diferentes magistrados-, que castigó con seis años de prisión al exministro del PP por cinco delitos: fraude a la Administración, falsedad documental, prevaricación en concurso con malversación de dinero público y tráfico de influencias. El alto tribunal, en contra del criterio de la Fiscalía, no discutió los hechos probados pero sí su consideración delictiva. El ponente del fallo fue el magistrado Carlos Granados. En esta pieza separa del caso Palma Arena se juzgó si Matas benefició con dinero público al periodista que escribía sus discursos entre 2003 y 2007. Pese a los nueve meses de pena, Matas entró en la prisión de Segovia. El tribunal de Palma valoró la "peligrosidad" de los delitos y las causas pendientes del condenado.

Rafael Blasco, exconsejero de Cooperación de la Generalitat

Condenado por el caso Cooperación, la trama que desvió 1,6 millones de la ayuda al desarrollo destinada por el Gobierno valenciano a Nicaragua, Blasco cumple pena en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) después de que el Supremo le impusiera seis años de prisión en junio de 2015. El "todopoderoso" exconsejero autonómico con Francisco Camps y Eduardo Zaplana, pasó por cinco carteras entre 1999 y 2011, y con el socialista Eduardo Lerma entre 1983 y 1989, se benefició de una rebaja de dos años en el Alto Tribunal. La Sala Segunda, con ponencia del magistrado Antonio del Moral, consideró que Blasco "pisoteó" a los ciudadanos por ayudar a desfalcar fondos públicos en favor del empresario César Tauroni. Quedaron probados tres delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. A los dos primerosel Supremo le quitó la agravante de continuidad delictiva. De ahí la rebaja con respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Valencia, que juzgó al aforado.

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón

Después de diez años de investigación y diferentes jueces instructores en el caso Naranjax, Carlos Fabra recurrió en casación al Tribunal Supremo con la intención de rebajar los cuatro años de prisión por otros tantos delitos de fraude fiscal (1999-2003) que le impuso la Audiencia Provincial de Castellón en noviembre de 2013 por dejar de pagar 700.000 euros en impuestos. Pero, a diferencia de Matas o Blasco, la Sala Segunda confirmó en julio siguiente la misma pena de prisión y multa que la instancia inferior: casi 1,4 millones de euros. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado reclamaron en sus recursos de casación elevar la pena al dirigente del PP, de cuatro a ocho años de prisión, pero la sala, con ponencia de magistrado Luciano Varela, lo rechazó. Tras pasar casi cinco meses en la prisión de Aranjuez, Fabra fue excarcelado en abril pasado tras concederle el tercer grado. Se valoró su edad, 70 años, el riesgo "medio bajo" de reincidencia, su evolución favorable, la corta duración de su condena y el hecho de que haya abonado la mayor parte de la responsabilidad civil.

Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo de Marbella

El asesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, disfrutó en noviembre pasado de su primer permiso penitenciario tras pasar más de diez años en prisión condenado por la Audiencia de Málaga por el caso Malaya, la mayor trama municipal de corrupción conocida. Roca fue condenado a 11 años de prisión y en julio de 2015 el Supremo elevó la pena a 17 al apreciar un nuevo delito fiscal y agravarse las penas por cohecho y blanqueo. La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Juan Saavedra, tiene 3.138 folios y contó con un voto particular. La exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, tuvo más suerte y pasó de seis años a cinco años y medio de cárcel, al igual que la exconcejal Isabel García Marcos, que le rebajaron de cuatro a tres años y medio. En febrero de 2016, Roca tuvo un respiro en medio de su cascada de condenas y la Sala Segunda rebajó de seis a tres años la pena por el caso Saqueo 2, al retirarle la agravante en el delito de malversación continuada. En el caso Minutas, por el que cumple siete años de cárcel el expresidente del Sevilla Fútbol Club José María del Nido, Roca fue condenado a tres años en diciembre de 2013 (se rebajó un año al absolverle el Supremo del delito de fraude).

Pedro Pacheco, exalcalde del Ayuntamiento de Jerez

El exalcalde de Jerez de la Frontera, el andalucista Pedro Pacheco, cumple condena en la prisión de Puerto III (Cádiz) después de que el Tribunal Supremo elevara en septiembre de 2014 su pena un año más, hasta los cinco años y seis meses de prisión. La Sala Segunda estimó de forma parcial el recurso de la Fiscalía y castigó a Pacheco con un nuevo delito, el de falsedad en documento oficial, y mantener los de prevaricación y malversación que le impuso la Audiencia de Cádiz por el nombramiento a dedo de dos cargos de confianza y pagarles a través de sociedades municipales. En diciembre de2015, el Supremo confirmó la condena a la sucesora de Pacheco en Jerez, la socialista Pilar Sánchez, a cuatro años y medio de prisión por amañar una subvención municipal.