Desahucian a una senadora de Podemos por no pagar el alquiler de una vivienda social

Según fuentes jurídicas, el Departamento de Vivienda inició el proceso para desahuciar a la senadora el pasado octubre -cuando llevaba meses como representante de Podemos en Madrid- después de que hubiera pasado un plazo de quince meses de impagos de la vivienda social que tenía asignada, por la que debía abonar 200 euros mensuales. El 17 de noviembre, los juzgados de la capital alavesa dictaron una notificación mediante un edicto para comunicar que se había abierto esta causa, puesto que no conseguían localizar a la senadora. Finalmente, el juzgado de primera instancia número 2 de Vitoria dictó el lanzamiento judicial, por lo que García Díaz deberá abandonar la vivienda en las próximas semanas.

En el tiempo que ha durado el proceso judicial la dirigente de Podemos ya no tenía el perfil de una demandante de vivienda social. En las elecciones de junio del año pasado salió elegida representante en el Senado -era la número uno de la lista por Álava- y renovaba así el cargo al que había accedido en diciembre de 2015. Los senadores tienen derecho a 14 pagas de 2.813,91 euros. Además, le corresponderían el complemento que se concede a los portavoces en una comisión, que asciende a 1.046,47 -ella tiene este puesto en los grupos de trabajo de peticiones y de suplicatorios-. García, además, percibe la indemnización de 1.822,38 euros que reciben todos los senadores que proceden de fuera de Madrid para hacer frente a los gastos del cambio de residencia. En total, la senadora recibe mensualmente 5.682,76 euros. No toda esa cantidad va a su bolsillo. En Podemos han establecido que el sueldo de sus representantes sea tres veces el salario mínimo, lo que en la actualidad supone cobrar alrededor de 2.100 euros al mes.

Percibía la RGI

Pero su condición de senadora no consta en la causa ni fue notificada, según ha podido saber este periódico. Ese punto es clave, ya que entre los requisitos para tener derecho a una vivienda social se encuentra el de demostrar unos ingresos anuales máximos de 25.000 euros. Si Elvira hubiera comunicado a Alokabide que era senadora, -sus ingresos de 80.000 euros anuales superan el máximo permitido (no se tiene en cuenta el dinero que cede al partido)- la norma habría obligado a retirarle la vivienda y habría tenido que acudir al mercado libre.

En la declaración de bienes que entregó al acceder al Senado declaró unos ingresos de 10.502,28 euros abonados por Lanbide y procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos. Además, disponía de 1.314,84 euros en una cuenta corriente. Según consta en su propio curriculum, la senadora, de 44 años, había gestionado un local de hostelería y con anterioridad había tenido trabajos como «animadora infantil, secretaria de dirección, secretaria de recursos humanos y funcionaria a tiempo parcial».

Los portavoces de Podemos en el Senado, que han actuado como interlocutores de la senadora, han señalado a este periódico que ella «reconoce una deuda de 3.000 euros» con el servicio de alquiler de vivienda. Elvira García, al explicar el impago, ha asegurado que se debe «a una separación conflictiva iniciada hace cuatro años, en la que también se produjo una situación de violencia de género por la que denunció a su expareja por malos tratos». Esta circunstancia generó una situación conflictiva con respecto a la vivienda, en la que ella vivía con sus dos hijos. Según la misma versión, cuando se inició el proceso por impago «ella no solicitó el aplazamiento puesto que consideraba que otras personas tienen más derecho a esa vivienda y ya tiene previsto realizar la mudanza».

El Departamento de Vivienda que dirige el socialista Iñaki Arriola, al ser preguntado por estos hechos, se negó a realizar declaraciones y recordó que la confidencialidad protege la información sobre el alquiler de la senadora. Arriola, no obstante, en una reciente pregunta parlamentaria sobre los procesos de desahucio, recordó que el año pasado únicamente se produjeron 46 desahucios en un parque público de 12.000 viviendas en alquiler. En Euskadi existen actualmente 43.000 personas en lista de espera para acceder a una vivienda social.