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J.V. Muñoz-Lacuna
Miércoles, 1 de febrero 2017, 15:20
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la acusación particular del 'Caso Sufi' acusan a la Fiscalía de Toledo de actuar por criterios exclusivamente políticos al haber solicitado el sobreseimiento de este caso en el que se investiga si hubo prevaricación en la adjudicación del ... contrato de recogida de basuras y limpieza viaria en la ciudad de Toledo a la empresa Sufi, filial de Sacyr, en 2007.
La Fiscalía ha pedido el archivo del asunto al Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo al entender que no hubo prevaricación a pesar de que, según la versión del extesorero del PP, Luis Bárcenas, el PP de Castilla-La Mancha percibió una mordida de 200.000 euros para la campaña electoral de María Dolores de Cospedal a cambio de esa adjudicación.
El abogado de la acusación particular, Juan Moreno, afirma que el fiscal jefe de Toledo se ha excedido en su papel y ha adoptado un papel político y considera esperpéntico que justifique en su escrito la rapidez de esa adjudicación en la huelga de limpieza que Toledo vivía en la víspera de su fiesta grande, el Corpus Christi.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, cree que el fiscal ha tomado una decisión más política que judicial porque aún queda mucha investigación por delante.
De momento, el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo ha llamado a declarar a finales de este mes como investigados por esta causa al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y al resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local que en mayo de 2007 dieron su visto bueno a esta polémica adjudicación.
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