Las defensas ponen en duda la instrucción en el inicio del juicio de Mercasevilla

La defensa del exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha asegurado que la Audiencia de Sevilla archivó el caso el 26 de mayo de 2010 tras una investigación del juzgado de instrucción 10 sobre el concurso público abierto para la venta de los suelos. Ese juzgado empezó la instrucción del caso en 2007 por una denuncia de una empresa, durante la cual la Fiscalía pidió su archivo, y luego el juzgado de instrucción de 6 volvió a abrir la causa por los mismos hechos, según la abogada de Torrijos, Encarnación Molino.

El hecho de que se celebre un juicio por la venta de los suelos provoca una "situación irregular" prohibida por la ley, según el argumento expuesto por la abogada, que ha sido asumido y también expuesto por varias de las defensas. Sobre la instrucción del caso por parte de la anterior titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, el defensor del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha dicho que hubo "ausencia de imparcialidad" por parte de la magistrada, ya que su marido, Jorge Castro, fue auditor de la lonja.

El abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha explicado que el ex director general de Mercasevilla, cuando accedió al cargo, despidió al marido de Alaya tras las "irregularidades gravísimas" que detectó, que exigieron la inyección de 300 millones de pesetas. Por ello, el defensor de Mellet ha pedido la nulidad de las actuaciones tras afirmar que el juzgado de lo penal 13, encargado del juicio, es "incompetente" para hacerlo porque Mercasevilla no es una administración pública sino una empresa mixta dependiente del Ayuntamiento y además se aborda una cuestión civil.

Varias defensas también han cuestionado que en la causa se incluyen dos mil folios que fueron aportados a la Guardia Civil por otro ex director de Mercasevilla, Manuel Blanco. Los documentos se llevaron a la sede en Madrid de la Unidad Central Operativa (UCO) en un viaje en el que también fue la letrada que solía acompañar al abogado del PP, partido entonces personado en la causa, han explicado las defensas.

Esas información incluían supuestos correos de Sando que no se incluyen en los servidores de la empresa, por lo que las defensas han puesto en duda su veracidad y han criticado que, tras su aportación y en un "aquí te pillo y aquí te mato", se dictó el auto de procesamiento y no pudieron pedir nuevas pruebas. Por ello, han pedido que esos dos mil folios, dado que no pudieron contradecir, se excluyan de la causa.

El defensor del exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo, Miguel Villegas, por su parte, ha reprochado que Alaya "aprovechó" que una de las partes pidió que su defendido declarara como testigo para imputarlo en la causa, lo que fue "sorprendente". El hecho de que el exconcejal se mantenga en la causa como acusado es "sorprendente, doloroso e indignante", según ha dicho el abogado antes de precisar que en los 15.000 folios del sumario solo hay una referencia a Crespo "y de rondón".

El próximo jueves

Tras las dos horas y media de exposición de cuestiones previas, el juicio se reanudará el próximo jueves para que la Fiscalía y las acusaciones respondan a los argumentos de las defensas. Después de oír a todas las partes, la titular del juzgado de lo penal 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez, resolverá las distintas peticiones y anunciará su decisión el próximo martes 24 de enero, lo que supone eliminar la jornada del juicio prevista el 20 de enero.

En este caso se aborda la supuesta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla, que se adjudicaron a Sando por 106 millones de euros frente a los 158 millones que ofreció su competidor, según la Fiscalía. Entre los acusados se incluyen, además de los exconcejales de IU y del PSOE y del director general, el exasesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño y el ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero, que se defiende así mismo. La Fiscalía de Sevilla pide dos años de cárcel para Torrijos y para el exconcejal del PSOE además de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.