El juez abre la vía para juzgar a los hijos de Ruiz Mateos por Nueva Rumasa

Lo que ya ha hecho el juez instructor, José de la Mata, es convertir las diligencias previas que se han prolongado durante seis años y medio en un procedimiento abreviado. Su conclusión es que existen «indicios suficientes» de que hasta 15 personas -entre ellas figuran también un sobrino de la familia, Zoilo Pazos Jiménez, y el liquidador de empresas Ángel de Cabo pero no la matriarca del clan, Teresa Rivero- participaron de la trama creada por los Ruiz-Mateos para lograr financiación a toda costa ante su «práctica insolvencia».

Así se encontraban en 2009 las empresas del Grupo Nueva Rumasa -sucesor desde 1990, aunque no en términos jurídicos, del famoso emporio de la abeja- porque sus negocios reales -llegó a tener una presencia destacada en el sector de la alimentación y las bebidas con marcas como Clesa, Dhul, Elgorriaga, Trapa y Garvey- no aportaban lo suficiente para cubrir el inexplicable agujero de sus cuentas -la sospecha es que se desviaban recursos ingentes al extranjero-. Por eso sus responsables, explica el magistrado en un auto publicado este lunes, «decidieron captar fondos con los que revertir la situación y también aplicarlos en su propio beneficio».

Para ello recurrieron a «agresivas campañas» en prensa, donde ofrecían invertir en sus empresas a cambio de elevados intereses. La fórmula para obtener esos «préstamos» de terceros fue la entrega de pagarés de empresa o «corporativos» no a la orden, emitidos y «generalmente» avalados por las propias sociedades de Nueva Rumasa.

Así, aprovechando el tirón comercial de sus firmas de mayor solvencia y una publicidad «estratégica», los Ruiz Mateos y sus colaboradores mostraron una imagen de solvencia, e incluso «bonanza empresarial», que «en ese momento carecía de sustento real». De hecho, para evitar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pudiera terminar descubriendo algo concibieron que la aportación mínima fuera de 50.001 euros, escapando así a su control.

El saldo final de los pagarés arroja un total de 337,4 millones de euros captados entre febrero de 2009 y febrero de 2011, cuando se destapan las irregularidades y se detienen las emisiones, pero solo 243,4 millones entraron en las cuentas de Nueva Rumasa. Sumados los intereses comprometidos, se debían haber devuelto 385,3 millones pero solo se abonaron 96,2 millones, por lo quedaron pendientes 289,1 millones y, al menos, 4.110 inversores atrapados en este fraude aparente.

Una caja común

De la Mata, que ha instado ya a la Fiscalía y el medio centenar de acusaciones personadas en el caso a presentar sus escritos de calificación, desvela que aunque Nueva Rumasa funcionaba bajo el sistema de «caja común» utilizó un centenar de sociedades instrumentales domiciliadas en paraísos fiscales para desviar fondos. Y para «dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad», se recurrió también a testaferros y despachos fiduciarios.

El fin último era salvar de posibles deudas el patrimonio de la familia, tanto capitales como propiedades inmobiliarias e incluso las marcas más relevantes del grupo, aunque el juez estima que estaba «bien claro en todo momento» que todo ello «pertenecía en última instancia» a los Ruiz Mateos.