Archivan el caso de la traductora y espía del CNI

El fiscal americano exigía que se concretara de forma exacta qué información debía remitir (correos electrónicos). La traductora estaba acusada de un delito de revelación de secretos al haber indicios de que era topo del CNI y, quizá, de los servicios secretos marroquíes.

Su caso bien podría haber sido el relato de una novela del inglés John Le Carré, maestro del espionaje, pero los hechos que se investigaban eran tan reales como preocupantes por los graves fallos de seguridad. La traductora estaba acusada de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por robar documentos sobre causas de yihadismo seguidas en dos juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional.

La hasta ahora acusada trabajaba para la empresa Ofilingua S. L. y prestaba sus servicios a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional cuando se produjo la sustracción de los papeles, en agosto de 2012. Estos documentos sustraídos de la sede policial formaban parte de dos diligencias previas abiertas en los juzgados de los magistrados Fernando Andreu y Pablo Ruz.

Se trataban de investigaciones sobre supuestas células yihadistas de propaganda, captación y facilitación asentadas en Ceuta y Melilla, cuya zona favorece que sus ciudadanos empleen mayoritariamente en sus comunicaciones el rifeño, un dialecto autóctono de la zona marroquí del Rif. De esta forma, las traducciones de las conversaciones registradas en las intervenciones telefónicas policiales eran realizadas por la empresa Ofilingua, en la que trabajaba la imputada.

Los servicios de información de la Policía informaron al juez Andreu que la empleada extrajo «de forma subrepticia un pendrive o dispositivo de almacenamiento USB del ordenador donde estaba trabajando en la comisaría, por lo que se le comunica que ese comportamiento no se adecúa a las normas establecidas y ella, de forma voluntaria, entrega el soporte», según las diligencias judiciales del caso.

Archivos manipulados

Cual fue la sorpresa que el análisis forense determina que en ese dispositivo tenían 17 «archivos borrados recuperados», que contenían traducciones de las intervenciones telefónicas. Al conocer los hechos, el juez Andreu abrió una causa secreta y determinó que dicha información podría haber sido facilitada a personas relacionadas con terrorismo, por lo que se trataba de un delito competente de la Audiencia Nacional. Para dilucidar esta cuestión se practicaron diligencias que concluyeron en febrero del 2014. Los investigadores determinaron que la imputada robó información policial reservada «de manera subrepticia, no solo en la fecha de agosto del 2012 cuando fue descubierta con un USB con abundante contenido sensible relativo a las citadas investigaciones».

Los agentes también revelaron al juez que la traductora «mantenía una relación de colaboración con algún servicio de inteligencia, muy probablemente con el Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo al material recuperado». Al servicio secreto español supuestamente «facilitaba información sobre diferentes personas y entornos islámicos, lo que lleva a pensar que la sustracción de información que realizó de esta Comisaría General de Información tenía como destino este servicio». Sin embargo, también señalaron «que no es posible determinar si transmitió esta información a algún otro servicio de inteligencia, aunque de acuerdo a un documento recuperado en el dispositivo se generan sospechas». Dicho de otro modo, se podía tratar de una agente doble.

Pendientes de Microsoft

La razón que lleva a sospechar de esta condición es que «desde la grabación de los archivos hasta el momento de su eliminación transcurrió un espacio de tiempo suficiente para que dicha información haya podido ser manipulada y traspasada a otros equipos informáticos o facilitados a terceras personas», concluyeron. De las escuchas autorizadas por el juez a la imputada tampoco se identificaron a los receptores.

El juez Andreu concluyó que no era competente para seguir instruyendo el caso, ya que la traductora-espía no tenía relación con un delito de terrorismo. Y remitió las diligencias a un órgano ordinario de Madrid, que rechazó la competencia y planteó una cuestión de competencia en el Tribunal Supremo. Este acordó que los hechos eran constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que la competencia correspondía a Madrid. Así, la causa llegó en marzo de 2015 al Juzgado de Instrucción 49 y desde entonces apenas se movió un papel, por la inmovilidad de Microsof, que a la postre ha sido la causante de que la causa haya tenido que ser archivada.