Griñán pide ser absuelto en los ERE tras la petición de seis años de cárcel

Griñán está imputado junto a otros 25 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por su actuación en los ERE cuando fue consejero de Hacienda de Andalucía entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009, antes de acceder a la Presidencia. Por ello, la pena que le solicita la Fiscalía es superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, para el que pide 10 años de inhabilitación por prevaricación.

"Las presuntas irregularidades no estuvieron, pues, en el presupuesto, ni en las transferencias de financiación, ni en las modificaciones presupuestarias sino, de existir, en la concreta gestión del gasto del programa presupuestario 31L", que incluía las ayudas, esgrime el escrito de Griñán.

El uso de las transferencias de financiación para financiar las ayudas públicas de los ERE era algo conocido "perfectamente" por los diputados que aprobaron el presupuesto de la Junta de Andalucía desde 2002, añade el escrito de defensa. Además, "se deduce claramente que en el proceso de elaboración del anteproyecto del presupuesto, el consejero de Economía y Hacienda no dicta resoluciones". "Su trabajo es coordinar el proceso y la elaboración final de un anteproyecto que eleva al Consejo de Gobierno para que éste decida su transformación en proyecto de Ley y su remisión al Parlamento andaluz", explica el defensor de Griñán.

Todas las actuaciones del consejero de Economía y Hacienda y del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se adoptaron partiendo de que el máximo órgano de control interno de la Administración autonómica consideraba legales las transferencias de financiación y por eso no se inició ningún procedimiento, añade la defensa del expresidente.

Respecto a la posible cuantía del fraude, Griñán señala que de los 741,6 millones de euros establecidos por la Fiscalía, "se pasa a una cantidad máxima objeto de investigación de 80,8 millones". Esa cantidad es la suma de las ayudas sociolaborales, que abarcan las de los intrusos (6,6 millones de euros) y sobrecomisiones (30 millones), y las ayudas directas (44,2 millones), según los cálculos de Griñán. En este sentido, el expresidente considera que "la investigación de este supuesto fraude solo puede ser abordado en las piezas separadas en las que se enjuician las ayudas, sobrecomisiones e intrusos".

Sobre el delito de asociación ilícita que recoge el auto de apertura de juicio oral, Griñán critica que se incluya tras la petición de los abogados del PP, lo que asegura que es algo "fabulado" y además le causa "indefensión".

Junto a Griñán y a Chaves, están procesados en la denominada pieza política de los ERE otros 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos seis consejeros del Gobierno andaluz, por las ayudas a empresas y sociolaborales concedidas entre los años 2000 y 2010. En el auto de apertura de juicio oral, el juez de instrucción Álvaro Martín incluye además la petición de una fianza que asciende a 4.214.702 euros para Griñán para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes.