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Mateo Balín
Miércoles, 21 de diciembre 2016, 15:08
Francisco Granados ha desaprovechado ante el juez del 'caso Púnica' la enésima oportunidad de explicar la fortuna oculta en el extranjero, que le atribuyen tanto los investigadores como el delator de la trama corrupta, el empresario David Marjaliza.
El exsecretario general del PP madrileño ha ... declarado por espacio de tres horas en la Audiencia Nacional, a donde ha llegado procedente del centro penitenciario de Estremera (Madrid), y solo ha reconocido el millón de euros encontrado en un bolso escondido en el altillo de la casa de sus suegros. Dinero que, como ya justificó, procede de los rendimientos de trabajo en su etapa como asesor en la entidad Societé General y que repatrió de Suiza.
Con buen aspecto, sereno, Granados ha respondido al juez Eloy Velasco, a la fiscal y a su abogado, que ha copado "el 90% del interrogatorio", según fuentes jurídicas presentes en la declaración. Lejos de colaborar con la Justicia, el exalcalde popular de Valdemoro (Madrid) entre 1999 y 2003 ha desmentido las revelaciones de su 'mano derecha' y otrora amigo David Marjaliza, se ha considerado un hombre "de lo público" y ha negado que usara su influencia para adjudicar contratos a empresas a cambio de recibir pagos.
Agenda secreta
Granados tuvo buenas palabras con Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y ha asegurado que los datos contenidos en su agenda secreta, donde hacía anotaciones sobre operaciones y entregas de dinero a iniciales, según los investigadores, eran en realidad apuntes "sobre el número de asistentes" a sus actos. Argumento que ha enojado sobremanera al juez Velasco, que ha salido de la declaración con un tremendo enfado.
El abogado de Granados, Carlos García de Ceca, ha dicho a la salida del juzgado que su cliente "ha contribuido a la clarificación" de la investigación y que "le hubiera gustado tener dinero en Suiza con todo el deseo posible porque lo necesita". El exdirigente popular lleva en prisión provisional desde noviembre de 2014 y la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha prorrogado de forma reciente su encarcelamiento.
El 'caso Púnica' investiga una "gigantesca red de tráfico de influencias" en administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y León.
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