Una jueza pide al TSJ que investigue al presidente de Murcia por cuatro delitos

El hecho de que este alto cargo del PP disfrute de un fuero especial, como presidente del Consejo de Gobierno y diputado regional, ha obligado a la magistrada a elevar las diligencias al TSJ, que es el único órgano jurisdiccional de la Región que puede imputar a Sánchez.

En la línea de lo ya expuesto por la Fiscalía Superior, la instructora aprecia una infinidad de indicios delictivos en la actuación de quien fue alcalde de Puerto Lumbreras, que podrían ser constitutivos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude por las aparentes irregularidades cometidas en la proyección, adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras.

En este inmueble fueron invertidos seis millones de euros de una subvención concedida en 2006 por la Consejería de Cultura, pero no llegó a ser acabado. El Consistorio lumbrerense recepcionó el edificio cuando supuestamente quedaba un 38% por construir, que hubiera requerido de una inversión de 2,3 millones de euros.

La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ deberá decidir ahora si admite las diligencias y designar instructor o, al contrario, si las devuelve al juzgado de Lorca por razones de forma o fondo. En el caso de que asuma el caso, la imputación del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, puede darse por hecha.

Recursos

La propuesta de remitirlo al TSJ se eleva tanto en relación Sánchez, que está aforado, como con el resto de implicados en el caso que no lo están, ya que la jueza estima "que no parece que sea posible tramitar separadamente la causa". La resolución no es firme y cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días.

Por otra parte, la magistrada inadmite el recurso interpuesto por siete de los investigados solicitando el sobreseimiento y archivo de la causa. Y en una tercer auto, se acuerda que se abra una pieza separada, al apreciar que "los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (), desconociéndose cuales fueron esos usos", por si pudieran constituir indiciariamente un delito de malversación y/o fraude a la Administración Pública. "Resultando aún prematuro", según la magistrada instructora, dirigir el procedimiento contra persona alguna por su presunta participación en los mismos.