Zoido subraya que en los CIE no se tortura ni se vulneran derechos humanos

El responsable de Interior y la diputada de Podemos han plasmado visiones contrapuestas sobre la utilidad de ese tipo de recursos, que en los últimos meses han sufrido una serie de motines y fugas, la última el pasado domingo en el de Aluche, en Madrid, del que huyeron trece internos, nueve de los cuales aún no han sido localizados.

Zoido ha indicado que Interior trabaja en un protocolo para determinar qué medidas son necesarias para mejorar y perfeccionar el funcionamiento de esos centros.

"No le quepa duda de que lo que haya que corregir será corregido", ha enfatizado el responsable de Interior.

Ha recordado que tienen una tasa de ocupación del 42,2 por ciento, que la estancia máxima es de sesenta días, inferior a la media europea y que el número de internos (actualmente 6.930) se ha reducido en los últimos años.

El responsable de Interior ha negado que exista opacidad en los centros, como acredita -en su opinión- que 26 diputados pudieran visitar el de Aluche hace semanas, y ha asegurado que se seguirá trabajando con transparencia.

Pero sus explicaciones no han complacido a Montero, que fue una de las parlamentarias que visitó el CIE madrileño tras el motín que se produjo el 18 de octubre.

La parlamentaria ha centrado su intervención en las críticas del juez de instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, juez de control del CIE de Aluche, a su funcionamiento, pues los considera "centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial".

"Moro de mierda, sudaca, en tu país no comes, coges las sobras", son algunas de las expresiones escuchadas por los internos que Montero ha citado en sede parlamentaria antes de afirmar que si no hay condenas por torturas en los CIE es porque los internos no denuncian por falta de conocimientos o porque cuando lo hacen se les deporta o se les pone en libertad.

La diputada ha recordado que el propio juez de control sostiene que simplemente el hecho de privar de libertad a una persona por cometer una falta administrativa, como puede ser una infracción de tráfico, es una violación de derechos humanos.

Zoido, en cambio, ha argumentado que España tiene uno de los sistemas más garantistas de Europa.