El juez Castro cita a declarar a Villar Mir como investigado el 9 de enero

Junto a Villar Mir también han sido emplazados a declarar ese mismo día un total de seis testigos: el director de la construcción de Son Espases, Rafael Martín; el de la edificación del hospital, Joaquín Gonzalo; el viceinterventor de la Comunidad Autónoma en 2006 José Amengual, y Carlos Ribas, Miguel Femenías y Víctor Rubira, quienes intervinieron en uno de los informes emitidos de cara a la adjudicación de las obras.

Mediante una providencia dictada este martes, Castro insta asimismo a un letrado a que aporte el contrato suscrito entre la UTE Garrigues-Bearing Point con la Conselleria de Sanidad relativo a su intervención en el proceso de construcción y explotación de la infraestructura hospitalaria, por la que cobró 385.500 euros públicos.

Recientemente, la Audiencia Provincial de Baleares rechazó archivar la imputación de Villar Mir al entender que esta cuestión debe planteársela a Castro una vez finalizadas las investigaciones y no ahora.

La defensa de Villar Mir, cuya constructora partía a nivel técnico como ganadora en el concurso de Son Espases y finalmente fue desbancada por Dragados -una de las filiales de ACS-, recrimina que se dirijan acciones penales contra él "por ser quien es" en base a "conjeturas imprecisas", "vaguedades" y "buscando lo que no existe".

Es más, el encausado ha llegado a comparar de forma velada su situación procesal con la de la Infanta Cristina en el caso Nóos: "Se hace preciso recordar que la misma Fiscalía Anticorrupción" -querellante en el caso Son Espases- "en otros procesos sobradamente conocidos siempre mantuvo, con acierto, que no se es responsable por ser quien es ni por lo que se es, sino por lo que se hace. En suma, la misma tesis que defendemos aquí".

En otro escrito, el máximo accionista de OHL insinúa que determinadas resoluciones dictadas en el marco de este procedimiento podrían "enmascarar" intentos de evitar la prescripción de los hechos investigados.

La defensa de Villar Mir se apoyaba así en una sentencia de noviembre de 1988 en la que el Tribunal Constitucional destacaba que las demoras "se producen a veces por la práctica de diligencias y trámites absolutamente innecesarios que, en no pocas ocasiones, enmascaran supuestos de inactividad o intentos de evitar prescripciones".

La causa se encuentra pendiente de que la Audiencia confirme o no su complejidad y, por tanto, si debe ésta alargarse doce meses más a contar desde el pasado mes de junio, cuando Castro ya acordó prolongar un año las pesquisas.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma es la única acusación que pide un año más de instrucción al considerar que lo extenso de las pesquisas hace necesario que se alargue su duración para esclarecer las supuestas irregularidades que rodearon a la concesión de Son Espases y si los trabajos realizados en la sede del PP fueron sufragados de forma ilegal por parte de las empresas que optaron a la construcción del hospital.