Un grupo de imputados pone en duda la instrucción del caso ERE

La primera juez instructora del caso argumentó, apoyada en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, que la Junta creó un procedimiento específico inadecuado para la gestión de subvenciones, dado que esas ayudas sociolaborales solo podían ser pagadas por el Ministerio de Trabajo, y que la cúpula de la administración lo conoció y consistió. Ahora, estos imputados, entre los que se encuentran el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; un exdiputado autonómico y varios representantes de las empresas investigadas, plantean que la Intervención pudo pasar por alto alguna normativa existente. Una tesis con la que esperan evitar que se sienten en el banquillo 26 ex altos cargos, a los que de momento ya se exigen fianzas millonarias en concepto de responsabilidad civil, ya que quieren que los jueces aclaren la existencia o no de un marco legal que ampare la concesión de ayudas sociolaborales.

Esta disposición nunca ha sido citada en el presente procedimiento, lo que es chocante, dado que con la misma se hubiera evitado casi toda esta instrucción, señalan en su escrito, si se hubiera conocido este real decreto, no hubiera sido necesario hacer más análisis ni pedir informes. Y concluyen que es necesaria una revisión profunda de los cimientos jurídicos en que se asienta el edificio procesal construido con esta causa, que tanto daño ha hecho a tantas personas y entidades.

Pero mientras algunos imputados agotan sus últimos cartuchos, el actual juez instructor sigue adelante y ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y cinco ex altos cargos de la Junta, así como otras 18 personas, en relación con dos de estas ayudas. La Fiscalía Anticorrupción solicita hasta 20 años de cárcel para los exdirigentes públicos por prevaricación continuada y falsedad documental, y les pide indemnizaciones por responsabilidad civil que ascienden a 3,7 millones de euros.