El juez dicta apertura de juicio oral contra Chaves y Griñán por el caso ERE

 El juicio a la denominada pieza política, que se celebrará previsiblemente después del verano de 2017, supone el cuestionamiento de toda una forma de hacer política en Andalucía. De hecho, en el auto que supuso el cierre de la instrucción, el juez consideró que la actuación de los expresidentes se llevó a cabo con "conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular, así como que los mecanismos que se empleaban para dotar de fondos a IFA-IDEA, a los efectos de que actuase como pagador de las ayudas y subvenciones, eran también irregulares".

 En este sentido, se apuntaba a la existencia de una decisión previa en la cúpula de la administración regional, porque "mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones, y a los procedimientos de presupuestación, sin que se les pueda dar una explicación mínimamente razonable, si no es la de pretender eludir dichos controles.

Si bien la inclusión de intrusos y la discrecionalidad a la hora de dar ayudas sociolaborales pone en tela de juicio la actuación de la Consejería de Empleo, en la parte política de la trama se apunta directamente a la Consejería de Economía y Hacienda, de ahí la implicación de Griñán y su sucesora al frente de esta área, Carmen Martinez Aguayo. El juzgado considera que los fondos públicos empleados para dar esas ayudas se movilizaron mediante modificaciones presupuestarias, aprobadas por la Junta o directamente por el titular de la consejería, que aparecían más tarde recogidas en los anteproyectos de Presupuestos mediante el concepto 'transferencias de financiación al IFA en materia de relaciones laborales'.

El juez ponía en duda no sólo la forma de nutrir la partida 31-L, el denominado 'fondo de reptiles' por el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, sino también "la forma de gastar estos fondos, la ausencia de criterio para la fijación de los beneficiarios, de las cuantías concedidas y del control del destino", llegando a concluir que "se postergó el servicio de los intereses generales en favor de los terceros, que ello se hizo con total oposición a la ley y al derecho y con una total falta de objetividad en el cumplimiento de sus fines".

Así, el auto reprochaba que a causa de esa ausencia de la fiscalización y de la debida convocatoria pública de estas ayudas, "se pusieron en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad, facilitando que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial".

Pieza separada

El expresidente Griñán se enfrenta a una petición de cárcel de seis años solicitada por la Fiscalía por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que para Chaves se solicitan diez años de inhabilitación por prevaricación. Sin embargo, la acusación popular que ejerce el PP reclama también dos años de cárcel para éste al sumar el delito de asociación ilícita. La Junta de Andalucía, por su parte, había solicitado el archivo de la pieza al negar la existencia de una "trama criminal" para la concesión de los fondos y la existencia de una red clientelar como beneficiaria de los mismos.

Además de dictar la apertura de juicio oral, el juez abre una pieza separada en concepto de responsabilidad civil, decretando que si no se hace frente al pago de las fianzas decretará el embargo de bienes. Y fija las cantidades en 6.229.108 euros para José Antonio Viera Chacón; 4.214.702 euros para José Antonio Griñán Martínez; 4.214.702 euros para Carmen Martínez Aguayo, y 3.763.332 euros para Francisco Vallejo Serrano.

Estas cifras se han fijado, dice, atendiendo al tiempo que estuvieron los acusados al frente de su responsabilidad y el número de implicados en cada ejercicio, de forma que responden de forma solidaria. En su escrito de petición de penas, Anticorrupción cifró la cuantía del fraude, y por tanto la cantidad que debían devolver de forma solidaria los 18 acusados por malversación en 741,6 millones de euros durante el periodo 2000-2010.