Archivan la causa en Acuamed al exsecretario de Estado de Medio Ambiente

El magistrado ha adoptado esta decisión tras tomarles declaración y revisar los indicios que pesaban sobre ellos. Sobre todo las declaraciones de varios exempleados de la empresa pública, quienes aseguraron que Federico Ramos participó en una reunión con la empresa constructora FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones de euros para el proyecto de la Desaladora del Bajo Almanzora (Almería), que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

Esas revelaciones le llevaron a dimitir de su cargo el pasado 22 de enero para defender su "honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad". Ahora el juez Velasco ha reconsiderado su decisión de tenerle como investigado junto a la directora general del Agua, al constatar que "ninguno de los dos enjuiciados tenía respecto de Acuamed reales funciones ejecutivas, contacto directo con los expedientes o los contratistas" ni con los técnicos al cargo de su supervisión.

El magistrado carga toda esa responsabilidad en el exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo, en libertad desde junio bajo fianza de 300.000 euros tras permanecer seis meses en prisión preventiva.

Hombre de Cañete

Según el auto, "puede ser que fallaron controles, pero lo hicieron por y gracias principalmente a la actitud fraudulenta de Arcadio Mateo, persona de mayor confianza del entonces ministro" Miguel Arias Cañete, pues Mateo consiguió que quitara a Ardiles la presidencia de Acuamed y evitó ser destituido de la dirección de la empresa pública cuando Federico Ramos se lo pidió al ministro.

El juez llega a esta conclusión al comprobar que ni Ramos ni Ardiles "lideraron las reuniones con FCC", no tuvieron "nada que ver con la decisión de ir poco a poco destituyendo o cesando a los técnicos que no se plegaban a ciertos designios irregulares en contra de los intereses y dineros públicos" y, además, sus declaraciones en el juzgado fueron "convincentes".

Ramos de Armas ha expresado su satisfacción por la resolución judicial, pero ha dejado claro que ha pasado "nueve meses muy duros", pues este tipo de imputaciones "machacan el honor y la fama" de los afectados. Ahora, se considera "un ciudadano ordinario" que dejó la política hace nueve meses tras cuatro años "dejándose la piel" y que, de momento, no piensa en un posible retorno a la actividad pública