El Supremo cita a Barberá como investigada por presunto blanqueo de capitales

La investigación abierta a Barberá deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales que se habría producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.

En el auto de apertura de la causa, la sala del Supremo destacó que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en la exposición razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal. Resulta, pues, imprescindible -añade el auto- continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla.

El objeto de la investigación iniciada por el Juzgado de Valencia es si, bajo la cobertura de unas aportaciones de 1.000 euros realizadas por personas vinculadas al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y al mismo partido, se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular. También se indaga sobre el origen del dinero supuestamente blanqueado.

Fianza al PSOE

El instructor de la causa, Cándido Conde-Pumpido, ha impuesto una fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer la acusación popular en la causa. En su auto, el magistrado ha alertado además del serio riesgo de judicialización de la política que supone la práctica, que no existe en los países de nuestro entorno, de que un partido político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario. Ha añadido que ese riesgo existe en la medida en que esa práctica transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política.

El PSOE había pedido que no se le señalase el pago de fianza alguna para ejercer la acusación popular. El auto recuerda que tanto el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011, como la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos.

Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia, y que existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los Partidos Políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos. Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas, lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza, indica la resolución.