El exalcalde de Sagunto y 11 ediles, investigados por cohecho y prevaricación por un supuesto amaño de contratos

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, este juzgado ha coordinado hoy una operación por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino.

Durante toda la mañana, y en el marco de la "Operación Flotador", agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado, por orden de la instructora, tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Agua de Valencia en Sagunto y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas.

La causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14, periodos en los que fue alcalde Alfredo Castelló, actual diputado del PP en Les Corts y presidente del comité de Derechos y Garantías de su partido.

El Juzgado investiga a doce personas físicas (concejales y exconcejales) y seis personas jurídicas, empresas beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares.

La diligencias, declaradas secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo así la Ley de Contratos del Sector Público.

Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

En el marco de estas diligencias se ha desarrollado la operación policial de hoy, encaminada a asegurar pruebas con la intervención de expedientes y contratos bajo sospecha.

La UDEF registra el Ayuntamiento

La Unidad Central de la Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entrado esta mañana en el Ayuntamiento de Sagunto en busca de facturas, contratos y documentos de los departamentos de aguas, mantenimiento, alumbrado y señalización vertical. La Policía ha entrado pasadas las nueve de la mañana en el despacho del alcalde Quico Fernández, de Compromís, y le ha informado de que las fuerzas de seguridad iban a intervenir en numerosas dependencias municipales.

El objetivo de los agentes parecen ser facturas relacionadas con servicios como el de agua en las legislaturas 2007-2011 y 2011-2015, en las que el primer edil de la ciudad era Alfredo Castelló, del Partido Popular. Hasta 2009 el servicio dependía del Ayuntamiento, que externalizaba sus servicios a diferentes empresas. A partir del segundo año de legislatura, y por decisión en pleno, se crea la empresa municipal Aguas de Sagunto, participada en un 51% por el propio Ayuntamiento y en un 49% por Aguas de Valencia.

El alcalde del ayuntamiento de Sagunto (Compromis), Francesc Fernández, durante la rueda de prensa que ha ofecido mientras agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) buscan en la casa consistorial facturas y otra documentación en relación a un posible caso de corrupción.

Se ha descartado que las incautaciones estén relacionadas con los grandes casos de corrupción abiertos como Gürtel (Orange Market organizó dos actos en el municipio), Cooperación (una de las ONGs estaba basada en Sagunto) o Taula. El caso está bajo secreto de sumario y lo lleva el juzgado número 4 de Sagunto.

La operación sigue a estas horas abierta, y los interventores, a pesar de dejar entrar y trabajar con normalidad a los actuales concejales, sí están trabajando con todos los jefes de departamento.

El alcalde Quico Fernández ha declarado que el día ha sido desagradable y se ha limitado ha decir que, con el secreto de sumario, no van a entrar en detalles. Si que han destacado que el equipo actual ha querido colaborar con la justicia y que la operación no surge de ninguna denuncia, ni del equipo de gobierno actual, ni del grupo municipal Compromís. Desde Ciudadanos lamentan que el municipio sea noticia a nivel nacional y se ciñen a respetar las decisiones policiales y judiciales.