Finaliza la tercera pieza de los ERE con seis ex altos cargos procesados

En un auto, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla imputa los presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación a los acusados, los mismos que en las otras dos piezas finalizadas de los ERE, un caso que la juez Mercedes Alaya empezó a instruir en 2011.

En la tercera pieza, el juez procesa a los ex altos cargos Antonio Fernández, consejero de Trabajo; al viceconsejero Agustín Barberá; a los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, y al exdelegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas. Los cinco primeros están también procesados en las otras dos piezas acabadas: la de Acyco (empresa que recibió 3,2 millones) y en la denominada política, con 26 ex altos cargos procesados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Resoluciones dictadas "del modo más grosero"

En la pieza de Surcolor, el juez considera que existe "una pluralidad de autoridades o funcionarios que han dispuesto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, con ausencia del procedimiento correspondiente, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados y con beneficio para terceros ajenos a los fines específicos de esos fondos".

De esta forma, el juez se refiere a la inclusión en el ERE de dos "intrusos" o trabajadores que nunca trabajaron en la empresa, que también están imputados. Uno de ellos es Juan Manuel López, militante del PSOE y esposo de una concejal socialista de Camas (Sevilla), al que se le pagaban 1.200 euros al mes, y el otro José Antonio Márquez, concuñado del delegado de Empleo Antonio Rivas, con una asignación de 1.300 euros mensuales.

El magistrado reprocha a los imputados que dictaran "resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones".

En Surcolor, el juez también incluye al 'conseguidor' Juan Lanzas, que medió para incluir a los dos "intrusos" y para firmar la póliza para pagar a los trabajadores; a dos directivos de la empresa, Manuel Rafael Castilla y Antonio Manuel Bustamante, y al testaferro Juan Francisco Algarín, que permitió a Lanzas cobrar 118.752 euros.

Además, el juez acusa al abogado Carlos Leal como miembro de Estudios Jurídicos Villasís, empresa que recibió 20.000 euros como gestor de los despidos y de la ayuda sociolaboral y que calificó como "práctica habitual" la inclusión de intrusos, según el juez.

El instructor también acusa a los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo por participar en la gestión de la póliza de seguro firmada, a pesar de carecer de autorización para ejercer como correduría de seguros, y de los cálculos para los intrusos, lo que conocía otro imputado, el sindicalista José Hurtado.