Anticorrupción no aprecia «una red clientelar» de la Junta de Andalucía en los cursos de formación

El escrito ha sido remitido este mismo martes al juzgado de instrucción 6 que lleva la causa, donde la anterior titular Mercedes Alaya intuyó un sistema paralelo al llevado a cabo con los ERE fraudulentos pagados con dinero público. Varios juzgados de las ocho provincias andaluzas han ido dando carpetazo a la causa, pero ahora es la denominada pieza política, la que ponía el solfa el sistema en sí de estas ayudas, la que va camino del archivo.

La causa, destapada por la Policía, acabó convertida en uno de los arietes del PP andaluz contra la Junta de Andalucía. Al tiempo que cercaba a la administración socialista por el caso ERE, la juez Alaya acusaba a la Consejería de Empleo de impartir órdenes a las diferentes delegaciones provinciales para no controlar el dinero de la formación. En la trama están imputados 24 altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), incluido el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, tres ex directores generales de la Junta y ocho delegados de Empleo que fueron detenidos y esposados por la Guardia Civil. Pero ahora todo puede quedar en nada, dado que en el escrito de la Fiscalía se deja claro que no se ha podido identificar la estructura de un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades.

Es más, el escrito de Anticorrupción apunta que los diversos atestados policiales no han podido concretar un grupo de beneficiarios de las ayudas a la formación para el empleo que por afinidad política u otros criterios hayan sido causa de la concesión arbitraria de subvenciones para el enriquecimiento personal de los mismos.

Personas de la Junta fueron «beneficiadas»

La Fiscalía matiza que es cierto que varios empresarios y personas físicas y jurídicas cercanas a la Junta fueran sistemáticamente beneficiados, aunque estas ayudas ya fueron investigadas en piezas y diligencias independientes. Y pone como ejemplo al exconsejero de Hacienda en los años 80, Ángel Ojeda -detenido por estas ayudas en otra pieza judicial- o el que fuera vicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco.

La Fiscalía también cuestiona que el procedimiento empleado por la Junta para dar agilidad a la concesión de ayudas, las exoneraciones masivas para que los solicitantes no tuvieran que justificar anteriores subvenciones para poder optar a nuevas, constituya un delito de prevaricación. Podrían ser acertadas o no, nulas o no, incluso contraria a la ley, sobre todo la manera en que se hizo, pero desde luego no constitutiva de delito alguno, señala el fiscal, responde a criterios interpretativos aceptables y razonados y conforme a la norma.

Tampoco cree que los defectos administrativos, citados por el PSOE-A como defensa en la investigación que lleva a cabo el Parlamento andaluz, o el retraso en las labores de comprobación en la justificación lleve necesariamente al menoscabo de fondos y consecuentemente a la malversación.

Como colofón, Anticorrupción cita, de boca de la consejería de Hacienda, que de los 2.892 millones de euros en ayudas concedidos entre 2002 y 2012, se han justificado ya casi 2.000, y que quedan a finales de diciembre de 2015 solo quedaban por justificar 529 millones de euros. En este tiempo, subraya, sólo ha prescrito el derecho al reintegro en cinco expedientes.